La indignación se desborda ante la cascada de revelaciones que sacuden los cimientos del poder en Colombia. El presidente Petro, aquel que irrumpió en la Casa de Nariño con promesas de igualdad, libertad y justicia social, se ve ahora envuelto en una nueva acusación que cuestionan su capacidad para liderar la Nación. La carta de Álvaro Leyva, un testimonio desgarrador de un hombre que alguna vez confió en el mandatario, expone una realidad sombría y preocupante.
Las palabras del excanciller resuenan con fuerza, desvelando un patrón de comportamiento errático y autodestructivo. La desaparición de un par de París, las llegadas tardías, los incumplimientos y las frases incoherentes pintan un retrato inquietante de un líder que parece haber perdido el control. La acusación de drogadicción, respaldada por testimonios de primera mano, arroja una sombra aún más oscura sobre la situación.
La respuesta del Presidente, caracterizada por evasivas y burlas, solo agrava la crisis. Sus publicaciones nocturnas en redes sociales, plagadas de errores y mensajes confusos, generan un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿estuvo el presidente en condiciones de gobernar?
La gravedad de las acusaciones de Leyva no puede ser ignorada. No se trata de un rumor infundado, sino del testimonio de un hombre que adquirió un lugar privilegiado en el círculo cercano de Petro. Sus palabras, cargadas de dolor y engaño, exigen una respuesta clara y contundente. La salud mental y emocional de un presidente no es un asunto privado, sino una cuestión de interés público.
La democracia colombiana se tambalea ante la incertidumbre. Las instituciones, otros pilares de estabilidad, se ven amenazadas por un líder que parece desafiar el equilibrio de poderes. La polarización y la confrontación, alimentadas por un discurso incendiario, dividen a la nación, alejándola del camino de la unidad y la reconciliación. El uso de calificativos como «nazi» y las insinuaciones de corte autoritario, según el editorial citado, son una afrenta a la democracia.
La lucha contra el narcotráfico, una de las banderas del gobierno, se desdibuja ante una estela de dudas. ¿Cómo puede un líder combatir un flagelo que, según las acusaciones, lo consume desde adentro? La incoherencia es evidente, la hipocresía, insoportable. La pregunta final, «¿Uno cómo combate el negocio ilícito de la droga, si uno es un consumidor de ella?», resume la insensatez que corroe la confianza en el liderazgo actual.
Colombia no puede seguir navegando a la deriva bajo el mando de un capitán cuya brújula parece averiada por sus propios demonios. Las acusaciones son demasiado graves, las evidencias demasiado perturbadoras, la burla hacia la ciudadanía demasiado insultante. Los colombianos deben exigir, con la voz unánime de una nación ultrajada, la rendición de cuentas. Si el presidente no puede garantizar la sobriedad de su juicio ni la integridad de sus actos, si su adicción lo incapacita para liderar, entonces por el bien de Colombia, por el futuro de todos, debe apartarse del camino. La paciencia se ha agotado. La indignación exige acción.
