Causó revuelo en Colombia la presencia de líderes de bandas criminales de Medellín, rodeando al Presidente de la República en un evento masivo en el centro de la capital Antioqueña. La oposición se pronunció de inmediato y la dirigencia nacional expresó su malestar con toda contundencia. Es muy difícil orientar a las nuevas generaciones hacia un camino de esfuerzo, dedicación, sacrifico y trabajo duro, en un país en el que el hampa es invitado a tarima y el empresario vituperado desde la jefatura del Estado.
Quienes compartimos ambientes de aprendizaje con jóvenes que empiezan a reflexionar sobre lo que es la Democracia, sus fundamentos y condiciones, nos enfrentamos a un reto difícil: el rechazo por parte del Presidente de la República de todo aquello que desde hace décadas hemos asumido como propio de un sistema libre y democrático. Rechaza la separación de poderes, pues asume que, al haber sido elegido por una mayoría de votos en una segunda vuelta, representa, por encima de cualquier cosa, la soberanía. No acepta el marco constitucional en el que debe ejercer sus funciones, por considerar que responde a los intereses de una oligarquía que denuncia, insistiendo en el poco poder que tiene un Presidente en Colombia, uno de los países más presidencialistas del mundo. Rechaza de plano cualquier política estatal encaminada a exigir responsabilidad fiscal, tachándola de neoliberal y contraria al pueblo.
Se vale criticar el sistema político. Se vale promover reformas para que las cosas en Colombia cambien, e incluso se vale que las mismas se impongan por una mayoría relativa, siempre que su aprobación cumpla con los procedimientos establecidos.
Lo que no se vale es hacer de la crítica un punto de partida para dejar de acatar aquello que garantiza un mínimo de convivencia. Un jefe de Estado debe representar al conjunto de instituciones formales que han sido acordadas y que rigen su accionar. De lo contrario, el mensaje que se envía a la sociedad es que el acatamiento de normas, el cumplimiento de acuerdos y el respeto a los agentes del estado debe ser algo voluntario y su imposición razón suficiente para la sublevación. No deja de parecerme extraño que desde la Presidencia se llame a la revolución, rodeado de hombres y mujeres de las fuerzas armadas y de policía que juraron precisamente cumplir y hacer cumplir la Constitución Política.
Cuando se asume y se promueve que la crítica implica hacer caso omiso de cualquier norma por considerarla injusto o inapropiada, se destruye el Estado de derecho, se minan los cimientos de una sociedad que se pretende libre y se abre el camino para los peores regímenes totalitarios. He tenido que escuchar a agentes de policía decir que no pueden hacer nada frente a una situación evidente de irrespeto por la ley, pues intervenir implica enfrentar todo tipo de proceso disciplinarios, traslados, entre otras. ¿Dónde quedó aquello de que los servidores públicos deben responder por infringir la Constitución y las leyes, pero también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?
Exaltar a quienes han infringido la ley, a quienes han cometido los peores crímenes, incluyendo crímenes de lesa humanidad, es algo que se ha pagado caro en Colombia. Elogiar a quienes se levantaron en armas contra la sociedad y hacer de su memoria una política estatal, agrediendo a las fuerzas armadas que responden a la carta política, abrió la puerta para que muchos cuestionen la legitimidad misma del estado, ese al que se le pide estar presente con inversiones en infraestructura, pero cuyos soldados y policías son recibidos a piedra, palo, bala y secuestros.
Es momento de hacer un alto en el camino y pensar si el cambio que se promueve llevará a Colombia por un camino de crítica a su historia política, agitando la destrucción del Estado de derecho como lo conocemos, e imponiendo una dictadura que transite al gobierno por decreto.
