Creo que ante la diaria avalancha de escándalos que se le descubren al criminal desgobierno actual y a sus infames cómplices en los otros poderes públicos, la ciudadanía está siendo intencionalmente distraída, cuando no anestesiada en su capacidad de análisis, para que no pueda detenerse a considerar lo importante, para que no pueda enfocarse en entender por culpa de quienes la Nación está siendo deliberadamente desmembrada y saqueada, para que no pueda ni siquiera aceptar que ninguno de los cabos está suelto, que nada es resultado del azar… Todo el desastre actual tiene responsables directos históricos, siendo uno de ellos el Consejo de Estado. Esto no es una opinión, se trata de una contundente afirmación que tiene asidero en la LEY, en la VERDAD, y en la JUSTICIA, asidero que un reciente pronunciamiento del Consejo de Estado corrobora. Para verdades, el tiempo.
Primera verdad: Por pertenecer a un grupo armado antisocial vinculado con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional, y por haber sido capturado en posesión de un arsenal de guerra, el día 06 de Noviembre de 1985 a las 10 de la mañana, el usurpador de la Presidencia de la República y aún impune CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD Petro Urrego fue condenado a la pena máxima de 18 meses, de los cuales purgó 15. Es decir que Petro Urrego es un convicto.
Segunda verdad: Esta condena por ser un terrorista, la purgó Petro Urrego en centro carcelario, y los 3 meses que obtuvo de rebaja de pena resultaron una solicitud presentada por su abogado para que se le aplicaran las disposiciones que en materia penal y penitenciaria estaban vigentes en ese momento. Es decir que a Petro Urrego no estuvo retenido en pesebreras sino en cárceles.
Tercera verdad: Esta condena como terrorista le fue impuesta por un Comandante de Brigada con competencias Constitucionales para también desempeñarse como Juez de Conocimiento en procesos adelantados contra terroristas capturados en flagrancia y en su jurisdicción. Es decir que conforme lo establecen los Artículos 197 y 179 de la Constitución Política de Colombia, el aún impune GENOCIDA Petro Urrego tiene un antecedente penal como terrorista que le ha inhabilitado desde 1987 y por el resto de su vida para, entre otras, postularse a cargos de elección popular.
Cuarta verdad: En 1989 el gobierno del Señor Presidente Virgilio Barco adelanta un “proceso de paz” con el M-19 en el que ofrece a los desmovilizados del M-19 la posibilidad de solicitar un indulto. Como desmovilizado del grupo terrorista M-19 a Petro Urrego no le fue concedido el indulto mediante resolución ejecutiva por cuanto no lo solicitó por escrito conforme lo estableció la normatividad para ese tal “acuerdo de paz”. Por no estar indultado, los efectos del antecedente penal que tiene este aún impune CRIMINAL DE GUERRA Petro Urrego no fueron suspendidos; Es decir que Petro Urrego ha estado inhabilitado desde 1987 y por el resto de su vida, para, entre otras cosas, postularse a cargos de elección popular.
Quinta verdad: No obstante y estar inhabilitado desde 1987 para siquiera postularse a cargos de elección popular, el aún impune GENOCIDA Petro Urrego llegó a la alcaldía de la ciudad de Bogotá en el año 2012. Como presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, decide de manera ilegal, como todo lo suyo, vía decreto entregar el manejo de las basuras y del aseo de la ciudad capital a la inexperta empresa distrital Aguas de Bogotá. No obstante y que conforme a la normatividad vigente la competencia de cambiar el objetivo de la empresa era del Concejo de la ciudad y no de la Junta Directiva de la misma, igual este sujeto cometió el ilícito. Dicho delito fue ejecutado el día 10 de Diciembre del 2012 cuando el usurpador de la alcaldía de Bogotá Petro Urrego firma el Decreto 564 por medio del cual implementó un improvisado modelo de aseo sin licitación y a dedo. Anunció la salida de los operadores a los que se les vencía el contrato el 18 de diciembre y la entrega del servicio a Aguas de Bogotá.
Sexta verdad: Entidades nacionales y distritales tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Contraloría Distrital, y el Ministerio del Medio Ambiente, advirtieron a Petro Urrego de las irregularidades e ilícitos en los que incurriría de implementar su antojado y caprichoso “modelo” para la recolección de basuras y el aseo de la ciudad capital.
Séptima verdad: Como resultado del ilícito cometido por Petro Urrego, el día 18 de Diciembre del 2012 no se permitió el ingreso al relleno sanitario Doña Juana a los operadores que hacían la recolección de basura y el aseo de la ciudad. El resultado de este ilícito y de las improvisaciones en este asunto, fue que se presentara una emergencia sanitaria en la capital pues sus calles estaban llenas de basuras. Siguiendo con la irresponsabilidad, la imprevisión y el despilfarro, el usurpador de la alcaldía Petro Urrego adquirió e importó de manera precipitada compactadoras siniestradas y en mal estado que no pudieron ser utilizadas. Como resultado adicional del intencionalmente destructivo proceder de Petro Urrego, en Septiembre del 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio dejó en firme dos multas por un total de 91,950 millones de pesos, que tuvieron que pagar la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos (UAESP) por violar la libre competencia… Obvio, esos recursos salieron de nuestros bolsillos.
Octava verdad: Ante el desastre intencional y conscientemente creado, finalmente ese sujeto Petro Urrego se vió en la obligación de recular y de volver a contratar a los operadores privados para la recolección de las basuras y para el aseo de la ciudad, operadores de quienes, según lo había irresponsablemente manifestado el usurpador de la alcaldía de Bogotá Petro Urrego, pretendía liberar a la ciudad por cuanto se trataba de unos peligrosos y corruptos “carteles” de este servicio público.
Novena verdad: Como resultado de la crisis y emergencia sanitaria que padeció la ciudad capital de Colombia los días 18, 19 y 20 de Diciembre del 2012 debido a emergencia sanitaria creada, ante la Procuraduría General de la Nación se radicaron más de un centenar de quejas contra el usurpador de la alcaldía de la capital Petro Urrego por su responsabilidad en esta crisis. Las quejas fueron interpuestas por ciudadanos, concejales de la ciudad, congresistas, e incluso por el Señor Defensor del Pueblo. Es decir que no se trató de un antojado proceder del Señor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación.
Décima verdad: El día 09 de diciembre del 2013, y el día 13 de enero del 2014, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, declaró responsable disciplinariamente al en ese entonces usurpador de la alcaldía de Bogotá Petro Urrego por tres (3) faltas disciplinarias gravísimas. Estas 3 gravísimas faltas disciplinarias estaban relacionadas con la implementación de un fracasado esquema de prestación del servicio de aseo. Como consecuencia de su responsabilidad en esa debacle, el aún impune GENOCIDA Petro Urrego fue sancionado con destitución e inhabilidad general por quince (15) años, sanción que fue confirmada tras agotarse el recurso de reposición.
Décima primera verdad: En tiempo récord, es decir cuando tan sólo habían transcurrido tres (3) meses de impuesta y ejecutoriada la muy bien sustentada sanción contra el usurpador de la alcaldía Petro Urrego, la cómplice Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al supuestamente afectado Petro Urrego una medida cautelar y por lo tanto solicitó (no ordenó porque no puede) al Gobierno de Colombia (del camarada Santos Calderón) restituir en el cargo al aún impune CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD Petro Urrego. Este organismo multilateral izquierdoso invocó razones de supuesta gravedad, urgencia, e irreparabilidad para con los derechos del usurpador de la alcaldía, a efectos que se procediera de manera inmediata a restituirle en la alcaldía. Y para desgracia y mala fortuna de Colombia, así procedió el camarada Santos Calderón el día Jueves 24 de Abril del 2014…
Décima segunda verdad: Con la celeridad y eficiencia que caracteriza a los operadores de justicia en Colombia, casi cuatro (4) años después, el día 15 de Noviembre del 2017, el Consejo de Estado confirmó que se debía seguir favoreciendo a su eterno protegido anulando los efectos de la justificada sanción a Petro Urrego.
Tras haber puesto en conocimiento del lector contundentes verdades e irrebatibles DATOS para informarles de manera general de todo el contexto, entérense ustedes la reciente perla con la que salió el Consejo de Estado con respecto a todo este asunto que parecía cosa juzgada, pronunciamiento que sigo sin entender porque no ha recibido la atención que requiere dada su gravedad. En pronunciamiento del pasado día martes 03 de Diciembre del 2024, el Consejo de Estado, seguramente disgustadito con su ahora desagradecido camarada por los desplantes y desfinanciación que le está haciendo, dio una voltereta jurídica contradiciéndose a sí mismo con respecto a lo “fallado” y a lo conceptuado con anterioridad.
Resulta que ahora, repito, quien sabe movidos por qué razón, el Consejo de Estado ha decidido establecer que si está dentro de las competencias de la Procuraduría General de la Nación, sancionar incluso a quienes hayan sido elegidos por el voto popular. ¡Hágame el hijuefruta favor!
Claro, esto no es lo único que muy para su conveniencia como cada vez más omnipotente alta corte están “decidiendo” estos togados. Resulta que conforme a lo que ahora han sentado como jurisprudencia (criterios jurídicos para interpretar la Ley), adicional a que este pronunciamiento aplicará de ahora en adelante, es decir no se podría aplicar contra Petro Urrego a raíz de su sanción como alcalde de Bogotá hace poco más de una década, las sanciones con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos emitidos por la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), pasarán automáticamente a revisión ante el Consejo de Estado… ¡Hágame el favor, ahora si es cierto que las altas cortes cogieron de aquellas tanto a Petro Urrego, como a todos sus colegas políticos!
Conciudadanos de bien, no sé a ustedes pero a mi este asunto me parece una cosa muy seria.
¿O seré el único a quien se le está ocurriendo pensar que si en el 2014 hubiesen prevalecido la LEY y la JUSTICIA que ahora, una década después, parece quieren hacer imperar desde este cuerpo de operadores de justicia, las cosas en Colombia serían muy diferentes? Además de habernos ahorrado los Colombianos y los Bogotanos tenido que pagar casi 100 mil millones de pesos en multas por culpa del ilegal e irresponsable proceder de ese sujeto Petro Urrego, hasta el próximo año 2028 duraría la sanción que le había impuesto el Señor Procurador Alejandro Ordóñez, es decir, no existirían Pacto Histórico ni Colombia Humana, y no estaríamos padeciendo ahora un TERRORISMO DE ESTADO…
Creo que ya está bueno de una justicia garantista que solo favorece a criminales y a sus cómplices, la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad que estamos padeciendo los ciudadanos de bien desde hace 4 décadas hace impostergable que vuelvan a prevalecer la LEY, la VERDAD, y la JUSTICIA en nuestra Nación. Aunque con esta columna de opinión no lograré arrodillar a los súper criminales de la izquierda ni a sus cómplices cada vez más enquistados en los poderes públicos de nuestra Nación, estoy seguro que la contundencia aquí presentada es la kryptonita argumentativa para quien aún tenga dudas acerca de quienes son nuestros otros e igualmente peligrosos ENEMIGOS a combatir.
