Hemos observado con mayúscula sorpresa e, inclusive, con desilusión las reacciones de algunos candidatos y también de unos pocos ciudadanos frente al fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo.
Antes criticaron la decisión del Gobierno de imponer un monto exorbitante; pero ahora, populistamente, claman para que se quede así y piden a los empresarios que inclusive sigan pagando el 23,7%. Pero son políticos y, para ellos, parecieran estar primero los votos que el interés colectivo del país.
Se les olvida que son los trabajadores los más beneficiados por la decisión del Consejo de Estado, que evita que se destruyan más de 700.000 empleos formales.
También se les olvidó que hay 2.100.000 desempleados, a quienes con ese 23,7% se les aleja más la posibilidad de encontrar trabajo formal. Olvidan igualmente que en 2025, según reporte del DANE, hay más de 13 millones de compatriotas en la informalidad y el rebusque, sin prestaciones, que tampoco encontrarán empleo en el mercado laboral. El año pasado, la misma fuente oficial señaló que el empleo informal aumentó más que el formal.
Miran para otro lado al pasar por encima de más de un millón de microempresas y pequeñas empresas, panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos que no podrán seguir soportando el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción de 2 horas más de la jornada laboral semanal. En el tejido empresarial colombiano, el 93% son mipymes.
Tampoco se han dado cuenta que en un país con los niveles de inseguridad de Colombia, a cientos de miles de colombianos que viven en edificios o conjuntos con vigilantes, las cuotas de administración se les han incrementado por encima del 20%.
Ahora callan respecto al encarecimiento y al impacto inflacionario, de mantenerse la medida. Probablemente el Gobierno justificará lo injustificable y, ante tanta tibieza, tratará de dejar las cosas como antes de la suspensión del decreto de salario mínimo.
¿Que lo aprovechará electoralmente la izquierda? Pues sí; pero no se les debe olvidar que ya el daño estaba hecho y los votos son los mismos que aplaudían el irresponsable aumento.
Porque, mucho más allá de un debate sobre un monto del salario mínimo que carece de fundamento legal y constitucional, de lo que aquí se trata es de plantar cara al abuso del derecho, a la salida populista, al manejo irresponsable de las finanzas públicas y a esa vieja tendencia política de hacer fiestas con los recursos de los colombianos.
Apreciados candidatos: caer en la justificación y conveniencia política de las equivocaciones económicas, le saldrá muy costoso al país. ¡No se acomoden!
¿Será temor o incoherencia?
Definitivamente, la coherencia es una virtud que, en época de elecciones, pocos colombianos tienen. Y el país, al final, está necesitado de valor, consistencia y coherencia.
