Colombianos, el gobierno Petro ha arrasado con todo aquello que con esfuerzo de la mayoría del pueblo se había construido para el bienestar común. Ahora, va por la Constitución Política de 1991 para establecer el autoritarismo, concentrando el poder en el ejecutivo y, entre otras, eliminando a la oposición bajo el contexto de un “gobierno unido” y el sofismo de “bloqueo institucional”.
En lo que sí acierta el proyecto es en reconocer la corrupción rampante que vive actualmente el país, frente a la cual, el autor de la iniciativa, debería asumir su responsabilidad dado su paso por la Fiscalía General de la Nación.
La ya ampliamente cuestionada iniciativa del “Proyecto de ley que convoca a Asamblea Constituyente”, elaborado por el ex fiscal y ahora exministro de justicia Eduardo Montealegre, al parecer, no corresponde realmente a las necesidades de la sociedad, sino a “desquite” por la absolución al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así se infiere de la oportunidad en que emitió Petro la comunicación de su decisión de impulsar un proceso para elaborar una nueva Constitución.
En esencia, no se está proponiendo un mecanismo de actualización constitucional, sino una sustitución del orden constitucional vigente bajo el pretexto de una crisis fabricada.
En la motivación se recurre a Rousseau, Heller, Gargarella y a la doctrina del “poder constituyente originario”, para justificar que solo el pueblo puede reformar integralmente la Constitución, lo que en realidad sugiere el concepto de una asamblea popular. Sin embargo, omite intencionadamente que el artículo 376 de la Carta Política restringe la convocatoria de una Asamblea Constituyente al Congreso.
Incurre en un yerro estratégico: el borrador de convocatoria, cita a un autor vivo queriendo sugerir vigencia académica. El argentino Roberto Gargarella, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires, inmediatamente replicó: “Petro usa lo que escribo para avalar lo que rechazo”. Cualquier autor que defienda el esquema democrático y el sistema de pesos y contrapesos expresaría su rechazo a este texto, pues, resulta poco honroso que lo citen para justificar un asalto al orden constitucional.
Y es que en lugar de proponer una Constituyente plural, el proyecto revierte la soberanía hacia el Ejecutivo, otorgándole al presidente facultades extraordinarias para legislar, definir quién puede participar y cómo se eligen los delegatarios. Esto es, en la práctica, una concentración del poder constituyente en la Presidencia —una aberración jurídica que se disfraza de “participación popular”. Es una mala copia de la constituyente de Chávez que tanto le gusta duplicar a Petro.
El proyecto sugiere una Constituyente “limitada” que no podrá revocar al Congreso ni desconocer los tratados internacionales. Pero esas limitaciones son puramente cosméticas. Al abrir la puerta a “reformar la totalidad de la Constitución”, su autor deja espacio para rediseñar completamente las ramas del poder público, la estructura judicial y el modelo económico; este sí es un proyectado golpe a la democracia y a la estructura del Estado.
Se introduce la figura de los “reglamentos constitucionales autónomos”, que permitirían al Presidente expedir normas con fuerza de ley sin control legislativo previo. Esta idea, presentada como una cita técnica de la jurisprudencia, restituye el viejo sueño del poder absoluto: un Ejecutivo que legisla sin Congreso.
El texto abunda en referencias a derechos sociales, trabajo, salud, vivienda, autonomía indígena, medio ambiente, pero los usa como discurso moralizador para justificar una refundación política. El exfuncionario convierte las omisiones legislativas en prueba de una supuesta “ineficacia del Estado social de derecho”, cuando en realidad son consecuencias de la falta de gestión, corrupción y politiquería, no de fallas estructurales de la Constitución. El hundimiento de varias de las reformas de este gobierno lo han sido por omisiones y graves errores en su trámite y en otros casos producto de corrupción.
En otras palabras, se pretende curar la enfermedad del mal gobierno cambiando al paciente entero. En vez de corregir las instituciones, se busca reemplazarlas por un modelo de concentración de poder, que recuerda, reitero, los experimentos constituyentes de Chávez y Maduro en Venezuela o de Correa en Ecuador.
El exabrupto de propuesta de esta pretendida convocatoria, no busca una “reforma del Estado social de derecho”. Busca, refundar el Estado bajo un poder constituyente controlado por el Ejecutivo, con Montealegre como arquitecto teórico y Petro como beneficiario político.
Intenta sortear la incómoda labor del Congreso de la República y su presunto bloqueo institucional, obviando su labor como representantes directos del pueblo votante. También pretende poner contra las cuerdas a los jueces, y especialmente a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por las “talanqueras” que le impusieron a las actuaciones ilegales y déspotas del actual Gobierno.
El texto cita abundantemente a la Corte Constitucional, pero ignora su jurisprudencia sobre sustitución de la Constitución, donde se ha reiterado que ninguna autoridad puede sustituir la Carta por otra integralmente distinta sin romper la continuidad jurídica del Estado. Es así que el Montealegre de 2025 desconoce al Montealegre de 2003, todo por darle un contentillo a quien lo llevó al alto gobierno. Esta posibilidad reprochable por completo, es un intento absurdo de convertir a Petro en un emperador que es su sueño intergaláctico.
El proyecto, por tanto, no se dude, constituye un golpe blando, con apariencia de legalidad y lenguaje académico, diseñado para desbordar los límites del poder constituido y legitimar una nueva estructura política favorable al gobierno actual.
No se ve ninguna necesidad de reformar la Constitución del 91 y menos, destruirla bajo pretextos ideológicos. Los defectos del Congreso no se corrigen anulando al Legislativo; los abusos del Ejecutivo no se solucionan ampliando su poder.
Montealegre pretende vestir de teoría constitucional, lo que en realidad es una operación política para perpetuar un proyecto de poder. Colombia no necesita una nueva Constitución: necesita que se respete y cumpla la que ya tiene. Y desde luego que cese esa absurda teoría que los problemas se arreglan expidiendo normas o adelantando reformas. Es una cortina de humo con propósitos ocultos.
Finalmente, al conocerse el retiro del Ministro, se queda esta burda iniciativa sin quien la apadrine y defienda ante la rama legislativa. Por lo que se expone en la red por periodistas y analistas, la ruptura entre Petro y Montealegre fue en términos fuertes, en los que al parecer Benedetti intervino. Quién sabe si Montealegre insistirá en los mensajes cándidos de hace algunas semanas, en los que auguraba a cierto “gallito de pelea” un gallinero por corrupto.
Pildorita: Se conoció ayer que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la Lista OFAC a Verónica del Socorro Alcocer, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Dicha novedad no constituye una ligereza ni una jugada política de los EE.UU., sino que corresponde a una decisión ponderada y sustentada en presuntos nexos con el narcotráfico. Cabe preguntarse si estas medidas incidirán en las fuentes de financiación de movimientos políticos asociados al actual Gobierno, los cuales se sabe incurrieron en prácticas indebidas de financiación y se excedieron en los topes de campaña en la anterior etapa electoral.
