No hay que pecar de ingenuos como para no entender que con este mecanismo lo que este pichón de dictador busca es reelegirse.
Finalmente, el Congreso de la República aprobó la reforma laboral de Gustavo Petro a cambio de que este desactivara el ‘decretazo’ con el que convocaba a una inútil y costosa consulta popular. Fue una extorsión en toda la regla. La reforma alcanzada es pésima. En resumen, no crea empleos nuevos, como lo admitió la mismísima ministra del Trabajo, sino que, por el contrario, destruirá muchos de los actuales: al menos 500.000, según el Banco de la República; no combate la informalidad sino que la promueve, ante el encarecimiento absurdo de los costos laborales.
Sus efectos perniciosos los explicó claramente el banquero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la junta directiva del grupo Aval, en un caso de matemáticas de Coquito: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad, y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino ocho empleados”. Así de sencillo es como se van a perder miles de puestos de trabajo formales, con un efecto nefasto para la economía.
Pero Petro no se va quedar quieto sin su consulta. Ahora quiere impulsar una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso como ordena la misma Constitución del 91 sino incluyendo una papeleta en las elecciones de marzo para preguntarles a los colombianos si desean una constituyente o no. Por ahora, Petro no ha dicho muy bien para qué la quiere. Se supone que para realizar las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que él pretende pero a las que las fuerzas vivas del país no le juegan. Aunque no hay que pecar de ingenuos como para no entender que con este mecanismo lo que busca es reelegirse y alinear todas las instituciones en torno suyo, convertido en rey sol con poderes omnímodos, y ahí sí encauzar a Colombia por los caminos del comunismo, aboliendo todas las libertades.
Y se preguntará alguien cómo puede lograr todo eso un Gobierno tan mediocre, encabezado por un líder tan primario que anda extraviado en su narcisismo y en su cuadro de alcoholismo, drogadicción y depravación sexual. En esto, Petro no está solo, hay mucha gente interesada en que la izquierda más retrograda y criminal se mantenga en el poder. A Petro lo rodea toda una caterva de seguidores que están menos movidos por la ideología que por el billete, dedicados de lleno a desfalcar al Estado, y que mientras más roban menos dispuestos están a ceder el mando. Tan sedienta de dinero es la camarilla gobernante que el nuevo ministro de Hacienda ya anda en la tarea de realizar otra reforma tributaria en busca de cerca de 20 billones de pesos, apenas semanas después de que el Gobierno decidió arrebatarles a muchos colombianos la retención en la fuente del año 2026, abriendo un hueco futuro para tapar el actual. Y aunque ahora lo nieguen, la nueva tributaria contemplaría el aumento del IVA del 19% al 26%, con lo que se ahorcaría el consumo, que es lo que está sosteniendo a la economía en la actualidad.
No obstante, aparte de esa gavilla de cuatreros, a Petro lo acompañan unos verdaderos genios malignos como Roy Barreras y Armando Benedetti, y recién llegados como el falso pastor Alfredo Saade y el diabólico Eduardo Montealegre, quien es el que se viene inventando toda clase de argucias para romperles el pescuezo a la Constitución y la ley y lograr que Petro se quede y siga destruyendo a Colombia mientras sus áulicos siguen apoderándose de las rentas de la nación. Muchos creían imposible que Colombia se convirtiera en otra Venezuela, donde el ‘Socialismo del Siglo XXI’ se apropió de todos los poderes del Estado convirtiendo a su líder (ayer Chávez, hoy Maduro) en un ser todopoderoso que toma las decisiones que le convengan para mantener el poder. Pues, cada vez es más claro que por ese camino vamos.
Aquí Montealegre viene vendiendo la idea de que el Presidente tiene la potestad de actuar como juez constitucional y, en la práctica, poder hacer lo que se le antoje, esgrimiendo la varita mágica de la ‘excepción de constitucionalidad’ con lo que podría tomar decisiones para las que no tiene competencia. Ya Petro venía arrogándose el mismo derecho pero con una justificación más rudimentaria como era la de atribuirle al ‘pueblo’ la soberanía para tomar decisiones y cuya vocería la tendría él. La diferencia es que Montealegre ha venido a meterle enredos teóricos al asunto para engañar incautos. Por fortuna, en buena hora vino a desnudarlo el jurista Mauricio Gaona quien de paso le pidió a la Corte Constitucional —y a las demás instituciones—, que honren su misión y cumplan con la Constitución y la ley.
No puede aceptarse que por miedo y cobardía nos dejemos arrebatar el país por parte de un psicópata y su pandilla de rufianes. Se espera que las instituciones estén a la altura de las circunstancias y actúen como les corresponde. ¿Dónde están las sanciones por haber permitido a los más peligrosos jefes de bandas sicariales de Medellín salir de la cárcel para acompañar en tarima a Petro, en acto de campaña, sin el permiso de un juez de ejecución de penas? Petro, por ahora, es el presidente, pero no puede hacer lo que le venga en gana.
