Es realmente indignante la situación que estamos viviendo en Antioquia con la sobretasa de seguridad impuesta por el gobernador Andrés Julián. Lo que se nos presenta como una solución, es en realidad un nuevo atropello a los bolsillos de los antioqueños, particularmente a los estratos 4, 5 y 6, así como a nuestros comerciantes y empresarios
¿Cómo es posible que se nos cargue con un impuesto que supera lo que pagamos anualmente, cuando se supone que los impuestos deben ser justos y proporcionales? Esta medida, más allá de generar una solución real, está sembrando un profundo malestar y desconfianza en la administración departamental.
La improvisación ha sido la constante en la implementación de este polémico tributo. Se nos dice que busca mejorar las condiciones de la fuerza pública, lo cual es loable, pero ¿es esta la forma? Estos gastos deben ser cubiertos con los recursos ordinarios de la administración, no con un nuevo impuesto que ahoga a la ciudadanía. La sensación generalizada es que esta sobretasa es una movida política que solo beneficia al gobernador, ignorando la realidad de la mayoría de los antioqueños.
Pero la indignación no termina ahí. La Gobernación, en su afán por implementar este cobro, ha ignorado por completa una realidad fundamental: existen millones de suscriptores de servicios públicos que ya no residen en los inmuebles a los que están asociados esos contratos. Es un caos administrativo en ciernes. Imaginen la situación: personas que vendieron sus propiedades hace años, sin haber cancelado la suscripción con EPM, ahora se enfrentarán a cobros coactivos por un servicio que no consumen ni disfrutan.
¿Quién asumirá la responsabilidad de esta desorganización? El problema es mayúsculo. Nos encontramos con casos comunes de personas que vendieron sus inmuebles, pero sus contratos de servicios públicos con EPM siguen vigentes, figurando ellos como suscriptores. Ahora, los nuevos ocupantes se verán en la absurda posición de decir que ese cobro no les corresponde, a pesar de ser quienes consumen la energía. Esto es una bomba de tiempo que EPM deberá desactivar, depurando unas bases de datos que, claramente, no están actualizadas. O, lo que es peor, tendremos que esperar a que los antiguos suscriptores refuten estos cobros coactivos, generando un colapso administrativo y judicial sin precedentes.
La única vez que se le ha prestado verdadera atención a la depuración de suscripciones ha sido cuando se han adelantado cobros jurídicos por telefonía básica, televisión por cable e internet, debido a abandonos de inmuebles. ¿Por qué se espera hasta el último momento, hasta que el problema se vuelve insostenible y afecta directamente al ciudadano, para actuar con orden y diligencia? La improvisación no puede ser la norma en la gestión pública.
Cobrar un impuesto debe hacerse con orden, planificación y justicia, no a la ligera y sin considerar las consecuencias. Es como ir a un restaurante y que te cobren lo que consumieron las personas que te precedieron en la mesa. Es un sentimiento, un atropello a la lógica y al bolsillo. No podemos aceptar este impuesto, y mucho menos en las condiciones de desorden y falta de planificación con las que se está implementando.
Los diputados de Antioquia deben exigir una gestión transparente y responsable sobre la propuesta que aprobaron. La ciudadanía antioqueña no merece ser castigada con impuestos improvisados y mal ejecutados. Demandamos soluciones reales, no parches que solo generen más problemas y un profundo malestar social.
