La cifra estremece: 7 niños muertos entre 20 cuerpos en los bombardeos del Guaviare. Más de un tercio eran menores de edad. No existe justificación posible. Ningún país civilizado puede aceptar algo así.
La primera verdad —que entre los demócratas ni siquiera debería discutirse— es que la responsabilidad penal directa recae sobre los jefes de las bandas criminales que reclutaron a esos niños. Ellos los arrancaron de sus casas, los convirtieron en instrumento de guerra y los usaron como escudos humanos para proteger sus campamentos, sus laboratorios y sus rutas criminales.
Y no: no existe ningún responsable penal diferente a las organizaciones criminales que los reclutaron. Todos los intentos —vengan de donde vengan— de culpar a las Fuerzas Armadas son parte del viejo libreto de quienes han vivido décadas practicando la “combinación de todas las formas de lucha”: debilitar al Estado desde la política para fortalecer al crimen desde las armas.
La pregunta clave es: ¿por qué había tantos niños allí?
Porque durante años las organizaciones criminales tomaron la decisión más perversa imaginable: reclutar menores de edad para impedir los bombardeos.
Sabían que la aviación es la principal herramienta del Estado para golpear sus estructuras. Sabían que militarmente no podían enfrentarla. Y entendieron que la única forma de detenerla era desactivándola políticamente.
Así lo hicieron.
Neutralizaron la aviación no desde la guerra, sino desde la política
Lo que no pudieron lograr con fusiles, lo lograron con discursos: Manipular los Derechos Humanos para convertirlos en un escudo del crimen.
Durante años fueron sembrando la idea de que cualquier acción aérea era un atentado contra la humanidad. Así fueron paralizando la fuerza aérea, haciéndola dudar, criminalizando preventivamente a los pilotos, a los oficiales y a los comandos.
Y una vez lograda la parálisis, los capos dieron el golpe final: si la aviación no podía atacar campamentos con menores… entonces llenarían el campamento de menores.
Eso explica la cifra brutal: 35% de los muertos eran niños.
Esa cifra no es un accidente. Es el resultado perverso de una decisión estructural: usar niños como escudo humano contra el Estado.
Y en esa cadena de decisiones hay responsables políticos. Los responsables políticos tienen nombre propio: Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Pacto Histórico.
Porque mientras estas bandas reclutaban niños, Gustavo Petro y el Pacto Histórico hicieron algo que nunca debió ocurrir: firmar pactos electorales con esos grupos y luego pagar la deuda política con la llamada “Paz Total”, que no es más que la milicianización, que la legalización del control territorial criminal.
No es ingenuidad. Tampoco es ignorancia. Es una estrategia.
La extrema izquierda colombiana ha usado durante décadas la “combinación de todas las formas de lucha”: política para legitimar al crimen, medios para manipular moralmente a la opinión, abuso del discurso de los derechos humanos para frenar acciones del Estado y alianzas con capos para mantener poder territorial.
Los jóvenes —especialmente los que fueron seducidos por Petro— deben entender esto: No es un debate entre izquierda y derecha. Es un debate entre democracia y criminalidad.
Por eso no cabe indulgencia ni confusión.
Cuando un gobierno llega al poder con acuerdos milicianos, cuando su proyecto territorial depende de la protección de bandas armadas, cuando su discurso moral se usa para desarmar al Estado y blindar a los criminales… entonces ya no estamos frente a una opción política. Estamos frente a un peligro para los niños, para la democracia y para la nación entera.
La realidad es esta: las fuerzas que debemos derrotar no tienen límites.
Los criminales que reclutan niños no tienen límites. Los políticos que pactan con ellos tampoco. Quienes pretenden culpar a las Fuerzas Armadas mientras protegen a los capos tampoco.
Lo demás —lo que queda por fuera de esta verdad— es una mezcla fatal de ignorancia y estupidez.
Y Colombia ya pagó suficientes vidas inocentes como para seguir siendo ingenua.
