Comienza esta nueva semana decembrina con tres noticias de singular importancia para los colombianos y muy especialmente para la población antioqueña, donde se concentra el mayor número de usuarios de los servicios de salud de la EPS Sura, por lo cual estimo que vale la pena hacer algunas breves reflexiones sobre lo que implica en términos generales cada una de ellas.
Iniciando con la EPS Sura, asumo la vocería de millones de usuarios de los servicios de salud de esa EPS, para agradecerle a la prestigiosa empresa Suramericana de Seguros y en particular al presidente del Grupo Sura, doctor Ricardo Jaramillo Mejía, a la presidenta de Suramericana de Seguros S.A. doctora Juana Francisca Llano Cadavid, al gerente de la EPS Sura, doctor Pablo Otero, y en las personas de ellos a los demás directivos y funcionarios de la empresa, el haber reconsiderado su decisión inicial de retirar a la EPS de la prestación de sus calificados servicios de salud a más de cinco millones de pacientes colombianos, mayoritariamente antioqueños, mediante un nuevo acuerdo con el Gobierno Nacional.
Considero de fundamental importancia que la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que representa al gobierno central en la supervisión y control de las entidades privadas que se ocupan de la atención a la salud pública, continúe en su proceso de comprensión de las especiales y difíciles circunstancias por las que atraviesan las empresas prestadoras de salud por motivos que resume Sura afirmando que “el sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis estructural y coyuntural, marcada por la desfinanciación, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos, así como por un marco jurídico que establece coberturas y servicios ilimitados frente a recursos limitados”, lo que analizado serenamente implica aceptar lo razonable de esta afirmación y la necesidad de que el Estado, para bien de los usuarios, solucione con prontitud y sin cicatería estos problemas.
Como habitante del campo que soy y víctima de unas vecindades insoportables que sin ninguna consideración alteraban la paz y la tranquilidad que mi familia y yo buscamos afanosamente y creímos encontrar al residenciarnos en una encantadora vereda de un municipio antioqueño del Valle de Aburrá, quiero celebrar la expedición por el Congreso de una severa ley contra el ruido a la que solo le falta la sanción presidencial, obra impulsada por el congresista Daniel Carvalho, al que por cierto felicitamos calurosamente, que según afirmaciones del mismo congresista y de medios informativos creíbles, apunta certeramente a la eliminación del ruido producido por altoparlantes que personas irresponsables causan, tanto en áreas urbanas como rurales, con fiestas y celebraciones ruidosas que no solo impiden el sosiego y el descanso, especialmente nocturnos, sino que a veces son motivos de peleas y zafarranchos donde se ha llegado hasta la pérdida de la vida de personas implicadas de alguna manera en tan bochornosos acontecimientos.
Lo mejor de todo es que ahora sí la ley “tiene dientes”, esto es, que establece sanciones severas, tanto para los infractores como para para las autoridades que no la hagan cumplir estrictamente y que suelen mirar para otro lado en los casos en que se cometen estas infracciones, que a veces escalan hasta el delito.
Para finalizar esta columna, quiero agradecer en nombre de los sufridos contribuyentes colombianos, a las comisiones económicas de Senado y de la Cámara de Representantes que hayan hundido el proyecto de ley presentado a su consideración por el gobierno, conocido por la opinión pública con el equívoco nombre de ley de financiamiento presupuestal o algo parecido, que sin consideración a las difíciles circunstancias económicas que atraviesan los ciudadanos por motivo de los desaciertos del Gobierno Nacional, al igual que por el derroche que ha caracterizado a la administración del “cambio” que en nombre del Pacto Histórico preside Gustavo Petro, sumado a la baja y deficiente ejecución presupuestal del año 2024, pretendían el Presidente de la República y sus funcionarios del área económica clavarle a los contribuyentes para tapar un hueco billonario que se presenta en el Presupuesto Nacional para el año 2025.
Si bien es cierto que los congresistas actuaron con miras a la campaña electoral del año entrante, lo que vale es que esta vez si tuvieron en cuenta a la población que contribuye con sus impuestos a los gastos de la Nación, pero que en este gobierno no solo han aumentado considerablemente, sino que como se ha denunciado a la opinión pública por los principales medios informativos han servido para gastos suntuarios, para sobornar congresistas venales, para pagar favores políticos, para incrementar una burocracia excesiva y para financiar embajadas y consulados innecesarios que solo sirven para colocar a los antiguos miembros del M-19 y a quienes participaron en la cuestionada campaña que llevó a Petro al poder.
Ya era hora de que los representantes de la voluntad popular pensaran un poco en la difícil situación de quienes dicen representar y no en sus personales intereses como lamentablemente hacen algunos mal llamados “padres de la Patria”.
