Según un estudio sobre la corrupción en 182 países, Colombia ocupa el puesto 99 situación que representa para el erario, un costo anual de 50 billones de pesos, suma que representa cerca el 10% del presupuesto aprobado para el año 2026, también es de destacar la firma de 164.800 contratos que ascienden a la suma de 14.8 billones de pesos, como lo denuncia El Colombiano, muchos de ellos para pagar favores a personas cercanas al gobierno; esta forma de manejar los recursos del estado, muestra la forma irresponsable como se están gastando dineros de la nación, incrementando la deuda y el déficit fiscal, a sabiendas de que el presupuesto aprobado para el 2026, está desfinanciado en 23,5 billones de pesos, porque contaron con una reforma tributaria que no les fue aprobada.
Así mismo se toleró el robo del fondo para atender las emergencias del estado a instancias del mismo presidente Petro y hoy, movidos por la ola invernal, el gobierno planea establecer una nueva emergencia económica para suplir lo que se robaron estableciendo nuevos impuestos a la comunidad. Preocupa también que estas prácticas han permeado y corrompido las altas esferas del estado, cooptando a ministros, presidentes del senado y la cámara, a muchos congresistas y funcionarios públicos, constituyéndose en acciones permanentes en el gobierno de Gustavo Petro.
Igual preocupación genera el que los entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría parecieran presumiblemente cómplices frente a la delincuencia generalizada en todos los tipos de delitos, por su silencio frente a la opinión pública y falta de acciones inherentes a su ejercicio como responsables de los entes de control.
El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra se destaca por su aparente silencio y falta de acción para el control del gasto y de las formas de contratación en todas las instancias de las entidades del gobierno, en especial los contratos firmados recientemente; también señalamos a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Ejach Pacheco, por los hechos de corrupción en los sonados casos de nepotismo y compra de títulos profesionales, son ejemplos ante una interminable lista y no se ven las investigaciones que permitan conocer si son objeto de alguna sanción penal. Hablar de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien aparentemente presenta diferencias con el presidente, tiene que ver con las investigaciones frente a los cabecillas de las mafias del narcotráfico y la guerrilla, a los familiares y funcionarios cercanos al jefe del Estado, por la forma lenta como se llevan los procesos, generando un manto de duda frente la acción decidida para enfrentar el crimen.
Para tranquilidad de los ciudadanos frente a los directores de los entes de control, se le debe pedir al Congreso que ejerza control político a los funcionarios de esos entes y rinda cuentas a la comunidad sobre los resultados de sus acciones; aquí cabe la pregunta: ¿El Presidente no es el responsable de administrar bien los recursos y los contratos del estado y los entes de control los encargados de fiscalizarlos como lo define la Ley, en defensa del espíritu de separación de poderes, o qué vínculo existe entre Ellos y el gobierno que les impida hacerle frente a las denuncias de la prensa?, los Colombianos merecemos una explicación del Congreso, frente el actuar y el cumplimiento de las funciones asignadas a los funcionarios de los entes de control del Estado.
