En la forma como vino el mandatario de los colombianos presentándose como un compinche de un grupo de convictos por delitos contra la comunidad, acompañado por oscuros personajes que han sido imputados por el presunto robo de los recursos públicos de Medellín y por una congresista que ha hostigado a EPM en el proceso de construcción de la central de Hidroituango, ha sido todo un montaje para agredir a la comunidad antioqueña y buscar votos de incautos para las elecciones del 2026.
No solamente se hizo presente con un agresivo discurso, sino que amenazó con sus palabras a la sociedad entera, incluidos al Gobernador y al Alcalde de Medellín al punto de poner en riesgo su vida con sus señalamientos; este acto debe ser condenado por la sociedad civil, porque lo hizo en La Alpujarra el sitio más sagrado da la institucionalidad de Antioquia, en donde están los monumentos a la raza de Rodrigo Arenas y el que conmemora el secuestro y asesinato de Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria, cometido vilmente por narcotraficantes escudados con el manto de guerrilleros.
Lo más desconcertante es que se hicieron presentes personajes que afectan en forma grave la moralidad pública, como lo hizo el Ministro de Defensa compartiendo tarima, mancillando el honor de las fuerzas militares y deshonrado a los oficiales que arriesgaron y dieron sus vidas en la persecución y detención de aquellos malhechores y más aún, con el ministro de justicia quien debería hacer valer la ley y respetar las decisiones de los jueces de la República.
Por fortuna para los colombianos, todavía existen instituciones como la Fiscalía, la rama judicial, las altas cortes que respetan la ley y la Constitución, porque deben atender las tutelas y demandas al Presidente y los ministros quienes prevaricaron por la firma del decreto de la ilegal consulta y a pesar de que lo han retirado cuando lograron el chantaje al congreso por la aprobación de la reforma laboral, no se puede “desconsumar” y les debe caer el peso de la ley, también a los funcionarios que cometieron el delito de coacción por la presión hacia los congresistas con el objeto de que aprobaran aquella reforma y serán los jueces quienes si respetan el orden jurídico, quienes estarán en la obligación de llevarlos a la cárcel si se les comprueban los delitos.
En igual forma a los miembros de la comisión de acusaciones que han desconocido la contundencia de las pruebas para aplicar el artículo 109 de la Constitución, debe juzgárseles por prevaricato y ser condenados por acción u omisión, al no cumplir con su deber constitucional al no juzgar al personaje de marras, teniendo las pruebas necesarias para hacerlo.
Este daño moral que le han hecho a los Paisas, debe ser reivindicado con la unión y la fuerza de todos, alzando la voz a los que quieren destruir nuestros valores y principios, diciéndoles que no aceptamos más distractores, no más ignominias y mentiras, no más violencia, porque aquí está Antioquia altiva y altanera, sin genuflexiones, que odia las cadenas, con grito de clarines, como nos lo enseñó el poeta Jorge Robledo Ortiz.
