Ante la proximidad de las elecciones legislativas y con el antecedente de las pasadas elecciones presidenciales, se vuelve imperioso y no opcional exigir respeto en la contienda política y establecer controles eficaces frente a la desinformación que marcó de manera grave el proceso electoral de 2022. No se trata de una discusión abstracta ni de una queja retrospectiva: está en juego la credibilidad misma del sistema democrático colombiano.
Las elecciones de 2022 dejaron una lección clara y preocupante. La manipulación informativa, la circulación masiva de falsedades, la estigmatización deliberada del contradictor político y el uso estratégico de narrativas engañosas no fueron fenómenos marginales, sino herramientas centrales de campaña. El daño no fue únicamente reputacional; fue estructural. Se erosionó la confianza ciudadana en las instituciones electorales, se polarizó artificialmente el debate público y se debilitó la noción misma de competencia democrática en condiciones de igualdad.
Hoy, de cara a un nuevo ciclo electoral, repetir ese escenario sería irresponsable y peligroso.
Pero el problema no se agota en la desinformación digital. Existe un riesgo aún más grave, menos visible en redes sociales pero más determinante en el territorio: el control electoral ejercido por grupos armados ilegales.
En amplias zonas del país, la libertad del voto sigue siendo una ficción. La presencia de estructuras criminales: disidencias de las Farc, ELN, bandas narcotraficantes y economías ilegales condiciona campañas, intimida votantes, define resultados y convierte la elección en un trámite forzado más que en una expresión libre de la voluntad popular.
Cuando un candidato no puede hacer campaña en un municipio sin autorización de los grupos armados; cuando una comunidad sabe por quién “conviene” votar para evitar represalias; o cuando el abstencionismo es producto del miedo y no del desinterés, el proceso electoral deja de ser democrático, aunque formalmente cumpla con el calendario y los protocolos legales.
Es una realidad que buena parte del país no quiere reconocer. En las ciudades se vive anestesiado, pensando que los problemas de la supuesta “periferia” quedaron resueltos con el acuerdo de paz de 2016. Diez años no han sido suficientes para entender que la realidad es bien distinta y que hay zonas donde los grupos criminales, materialmente, ejercen dominio sobre la población.
En este contexto adquiere una relevancia decisiva el papel de los jurados de votación. Ellos constituyen la primera línea de garantía del proceso electoral. Sobre sus hombros recae la custodia del voto, la correcta diligenciación de los formularios, el conteo transparente y la defensa material de la voluntad del elector. Su independencia, preparación y sentido de responsabilidad no son un detalle técnico: son un pilar de la legitimidad electoral. Cualquier intento de presión, intimidación o desinformación sobre los jurados debe ser denunciado y sancionado con severidad.
De igual manera, los testigos electorales cumplen una función insustituible. Su presencia no es ornamental ni meramente partidista, sino un mecanismo esencial de control ciudadano. Los testigos garantizan que el proceso se desarrolle conforme a la ley, documentan irregularidades y actúan como disuasivos frente a posibles fraudes. Su rol se vuelve aún más crítico durante los escrutinios, fase históricamente sensible en Colombia, donde errores, omisiones o manipulaciones pueden alterar resultados y generar desconfianza generalizada.
La vigilancia en los escrutinios es tan importante como la vigilancia en las urnas. Un proceso transparente no termina con el cierre de la votación, sino con la correcta consolidación de los resultados. Por ello, resulta indispensable proteger a los testigos, asegurar su acceso pleno a la información y garantizar que las autoridades electorales actúen con absoluta neutralidad, trazabilidad y rigor en cada etapa.
En paralelo, es indispensable reforzar la presencia de observadores y veedurías internacionales con mandato amplio, autonomía real y capacidad efectiva de pronunciamiento público. No como un gesto simbólico ni protocolario, sino como una garantía sustantiva frente a los riesgos que enfrenta el proceso. La observación internacional no vulnera la soberanía; la protege cuando el Estado no logra, por sí solo, garantizar condiciones plenas de libertad y transparencia en todo el territorio.
Estas misiones deben realizar una evaluación el día de la votación. También deberán evaluar el entorno preelectoral: el acceso equitativo a los medios, la seguridad de candidatos, jurados y testigos, el comportamiento de las autoridades locales y la incidencia de actores armados en la dinámica política. Ignorar estas variables equivale a legitimar una democracia incompleta.
En este sentido, resulta relevante destacar que el Consejo Nacional Electoral ha anunciado recientemente el lanzamiento de una nueva herramienta tecnológica orientada a fortalecer la transparencia en las mesas de votación. Este sistema permitirá reportar y dar a conocer en tiempo real lo que ocurra en las diferentes mesas y puestos de votación a nivel nacional durante la jornada electoral.
La plataforma permitirá a las agrupaciones políticas y a sus testigos hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de la jornada y al ejercicio de vigilancia electoral, tal como lo indicó el consejero Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, durante su presentación oficial. Se trata de un avance relevante, cuya eficacia dependerá, sin embargo, de su correcta implementación, cobertura territorial y protección frente a sabotajes o presiones indebidas.
Colombia no puede normalizar elecciones bajo sospecha permanente. No puede aceptar que la mentira sea estrategia, que el miedo sea método ni que la vigilancia ciudadana sea obstaculizada. La democracia no se defiende sola: requiere instituciones firmes, ciudadanos comprometidos, jurados responsables, testigos activos y una observación nacional e internacional robusta.
El respeto en campaña, el combate frontal a la desinformación, la protección del proceso en el territorio y la vigilancia estricta de los escrutinios no son concesiones políticas. Son condiciones básicas para que el voto vuelva a ser lo que debe ser: una decisión libre, consciente y soberana. Si no se garantizan, el problema no será quién gane las elecciones, sino si todavía podemos llamarlas elecciones democráticas.
