El juicio contra el presidente Uribe es una pantomima. Fue acusado por la Fiscalía petrista por unos delitos que no cometió. Su inocencia es tan evidente como el tamaño del tinglado que erigieron sus enemigos ideológicos.
Uribe es sometido a un remedo de juicio. No tiene garantías y la condena será inevitable. Los estalinistas orquestadores de la farsa, incapaces de derrotarlo en el campo de la batalla democrática, acudieron a la Justicia politizada para acoquinarlo y sacarlo definitivamente del camino.
El de él no es el primero ni será el último caso de persecución política disfrazada de proceso penal. La historia está cargada de ejemplos.
Es insoportable ver a los acusadores del expresidente colombiano posando de víctimas, cuando son ellos los que han transgredido el código penal con aborrecible desenvoltura.
Todos los derechos fundamentales de que goza Uribe —como cualquier ciudadano— le han sido vulnerados. No se ha respetado el debido proceso, se ha violado la reserva del sumario e invadido su intimidad; sus comunicaciones también fueron ilegalmente interceptadas. Todos los recursos presentados por sus defensores son rechazados de plano, sin siquiera son evaluados.
Los abogados del Presidente han hecho lo que está a su alcance para ejercer la defensa de la mejor manera posible, con resultados infelices. De nada sirven los sesudos argumentos que esgrimen en las diligencias. El juez de turno ni siquiera los oye, y mucho menos los pondera.
No es de extrañar que los abogados de Uribe tengan una suerte idéntica a la de los representantes de María Antonieta de Austria, sometida a juicio durante el tristemente célebre reinado del terror. Por instrucciones de Robespierre, la esposa de Luis XVI fue acusada de espionaje, malversación y hasta de desviación sexual.
Para darle una apariencia de legalidad al proceso, el tribunal le asignó dos abogados a la reina. Los letrados, a pesar de la evidente adversidad, intentaron desempeñar su función con el decoro y el profesionalismo que correspondía. Pagaron muy caro el ejercicio de su profesión: los jueces ordenaron su encarcelamiento.
Cuando la izquierda se pone manos a la obra, no se detiene. La decisión de destruir a Uribe está tomada y no es para nada exagerado sospechar que los letrados que representan al exmandatario también terminen tras las rejas por haberse atrevido a defenderlo.
Esto no se trata de argumentaciones jurídicas, ni de interpretaciones jurisprudenciales, o de la práctica de pruebas, sino de zanjar rápidamente el asunto y despachar una sentencia condenatoria que sin duda alguna fue redactada antes de que comenzara el juicio.
Entonces, ¿el expresidente va a seguir caminando hacia el abismo? ¿Permitirá que continúe el ultraje? Existen herramientas para buscar protección frente a una persecución.
Uribe es un dirigente que goza del respaldo de millones de colombianos. Su legado es reconocido nacional e internacionalmente. Han pasado casi dos décadas desde que Álvaro Uribe salió del Gobierno colombiano y las democracias libres aún le reconocen la ardentía con la que enfrentó al narcoterrorismo y al socialismo del siglo XXI, virus perverso que se extendió por buena parte de Latinoamérica.
La realidad política colombiana es dramática. El Gobierno está en manos de un antiguo integrante de la banda terrorista M-19, estructura criminal con la que el cuestionado exministro José Luis Ábalos tuvo una inmunda cercanía.
Petro, rutilante miembro del grupo de Puebla, cercano a toda la mafia de extrema izquierda suramericana y amigo íntimo de delincuentes españoles como el ex terrorista catalán Xavier Vendrell, es el principal interesado en lograr que Uribe termine su vida en una cárcel. Añora ese ignominioso ajuste de cuentas con quien es el único dirigente político colombiano capaz de impedir que él, Petro, se eternice en el poder como todos los dictadores comunistas tropicales.
