El pasado jueves se llevó a cabo en Bogotá el 17º Congreso Anual de Energía, un espacio donde empresarios y expertos del sector sostuvieron un diálogo técnico y sincero sobre los retos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico colombiano. La conclusión es contundente: el Gobierno Petro, con sus decisiones equivocadas, ha generado una profunda inestabilidad e inseguridad jurídica en un sector esencial para la vida diaria de los 52 millones de colombianos, y para el funcionamiento de nuestra economía.
La doctora Natalia Gutiérrez, presidente de ACOLGEN, informó que la demanda de energía en 2024 ha crecido un 2,6%, lo que evidencia un crecimiento acelerado por encima de la capacidad de oferta actual. Sin embargo, la ejecución de nuevos proyectos está prácticamente paralizada. ¿La razón? La lentitud en la expedición de licencias ambientales, los interminables procesos de consulta previa y, para agravar aún más la situación, la UPME no está aprobando los puntos de conexión necesarios para que los proyectos ya culminados puedan entrar en operación. En los últimos meses, el 95% de estos trámites han sido negados en la región Caribe. Es un saboteo institucional al desarrollo energético.
Uno de los temas que más preocupa y con razón es el abuso del mecanismo de consulta previa, que se ha desnaturalizado, hasta convertirse en una herramienta de chantaje. Lo he dicho en múltiples escenarios del sector minero energético: la consulta previa, en muchos casos, se ha convertido en un mecanismo para extorsionar empresarios, frenar el desarrollo y espantar la inversión, tanto nacional como extranjera. El caso de La Guajira es emblemático: allí se han desmontado y suspendido proyectos clave de energía solar y eólica, precisamente por falta de garantías jurídicas. Irónicamente, estos mismos proyectos son los que más necesita el país para avanzar en la Transición Energética.
Pero seamos claros: sin seguridad energética no hay transición energética posible. Necesitamos una matriz energética diversa y robusta. Fue precisamente gracias a la firme generación de las termoeléctricas, y a Hidroituango, que evitamos un apagón durante el fenómeno de El Niño en 2024. A pesar del saboteo y los ataques del Gobierno Petro, este gremio ha demostrado compromiso y resiliencia.
Hago un llamado a los jóvenes del país: imaginen por un momento que no puedan cargar sus celulares, consolas de videojuegos o hacer tareas escolares, y tengan que volver a la época de las velas, como ocurrió hace 30 años, cuando Colombia literalmente se apagó. Sin energía, no hay desarrollo, no hay educación, no hay economía.
Otro grave problema es la abultada deuda del Gobierno con el sector energético, el famoso “shu shu shu” también alcanzó a este gremio: hoy se adeudan más de 7,5 billones de pesos, una cifra que asfixia a generadoras y comercializadoras. Solo a las termoeléctricas se les deben 900 mil millones y más de la mitad de esa deuda es con EPM y sus filiales. Además, la intervención de Air-e ha agravado la crisis del servicio en la costa Caribe. Cabe recordar que los 750 mil millones que se “ahorraron” con el hundimiento de la consulta de Petro bien podrían haberse usado para abonar esta deuda.
Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables. Con este gobierno, simplemente no fue posible. Corresponderá al próximo Presidente y al nuevo Congreso tomar decisiones ágiles y valientes que devuelvan la credibilidad y la seguridad jurídica al sector. Solo así recuperaremos la inversión y lograremos el equilibrio urgente, entre demanda y oferta, que tanto necesita el país.
