En la economía política internacional, el petróleo no es una mercancía: es soberanía comprimida en barriles. Quien controla la producción, controla el crédito, la seguridad y el pulso fiscal. Venezuela con reservas colosales vuelve a ser el tablero donde finanzas, derecho y fuerza se cruzan sin eufemismos.
La tesis del rescate patrimonial desde Washington, voces alineadas con Donald Trump y Marco Rubio han planteado una narrativa de “recuperación de activos”: infraestructura petrolera concebida y financiada históricamente por capital norteamericano que habría sido expropiada o degradada por malas administraciones. En esa lógica, administrar interinamente la cadena, pozos, puertos, logística y comercialización— sería cobro de pérdidas y restitución a inversionistas, con la promesa de beneficios fiscales para Venezuela.
En términos financieros, la aritmética es clara:
• CapEx hundido (instalaciones, tecnología, know-how) + depreciación acelerada por subinversión = valor recuperable si entra gestión técnica.
• Opex disciplinado, contratos estables y arbitraje internacional reducen riesgo, país y reabren mercados.
• Ventas globales (a China, Rusia u otros) maximizan cash-flow y financian transición. El dilema no es si el modelo puede generar caja; es quién captura la renta y con qué legitimidad.
Administración, seguridad y costos, toda explotación a gran escala exige seguridad perimetral. De ahí la hipótesis de bases de protección en zonas críticas: campos, oleoductos y puertos. Financiera y operativamente, esto reduce pérdidas (sabotaje, robo) y asegura embarques.
Políticamente, eleva el costo reputacional y abre debates de derecho internacional: ocupación, tutela, consentimiento estatal. Aquí emerge la pregunta de autonomía: ¿cuándo y cómo se devuelve el timón? Sí, la tutela se prolonga sin cronograma verificable; el mercado descuenta riesgo político a largo plazo, por rentable que sea el corto.
Transición negociada y riesgo moral. En relatos de negociación aparecen figuras del oficialismo —Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, en esquemas de acuerdos condicionados: estabilidad a cambio de cooperación energética. Desde finanzas públicas, esto compra tiempo; desde ética institucional, crea riesgo moral. La historia muestra que transiciones sin justicia incuban recaídas.
Mercados, dólar y crédito Venezuela ya opera con dolarización de facto. Un gestor creíble del crudo, ancla expectativas, baja, primas de riesgo y reactiva, crédito comercial. El capital no pregunta por discursos; exige contratos. Si los hay, entra. Si no, sale. El petróleo abre la puerta; las reglas deciden.
Colombia: externalidades y opción estratégica. El reordenamiento venezolano tiene spillovers inmediatos para Colombia:
• Energía y comercio: integración logística reduce costos y amplía mercados.
• Seguridad: un frente coordinado contra economías ilícitas es indispensable. Bandas como el Tren de Aragua y la presencia de FARC y ELN presionan la frontera. La reubicación de amenazas es un riesgo real si no hay coordinación.
• Política interna: la postura frente a Washington pesará en 2026. Críticas de EE. UU. a Gustavo Petro elevan la prima política; aspirantes como Paola Holguín o Abelardo De La Espriella podrían capitalizar una agenda menos beligerante y más resolutiva: seguridad, productividad y formalización.
La economía colombiana necesita oferta, no ilusiones nominales. Sin productividad, los salarios empujan inflación. Un vecino estable y un marco regional de seguridad abaratan costos y sostienen crecimiento.
Derecho internacional: objeciones y pragmatismo. Habrá y debe haber objeciones: soberanía, consentimiento, DIH. El contrapeso es el pragmatismo: cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza y la renta financia crimen, la comunidad internacional interviene de facto. El estándar aceptable es temporalidad, transparencia y salida. Sin esos tres, la tutela deviene ocupación.
Conclusión
El petróleo es el poder tras el poder. Puede rescatar economías o congelar dependencias. Para Venezuela, la promesa de prosperidad exige cronograma de autonomía, justicia creíble y reglas de mercado. Para Colombia, el momento es bisagra: alinear seguridad, comercio y productividad con un aliado mayor, sin sacrificar institucionalidad. El barril abre la puerta; la ley decide si el futuro entra.
