Si el petróleo es soberanía en barriles, la veeduría internacional es soberanía en reglas. La crisis venezolana entra ahora en una fase donde la fuerza, el derecho y el mercado se miden bajo un reflector global. La cita del lunes 5 de enero de 2026 ante el sistema de Naciones Unidas no es un trámite: es una votación de confianza sobre quién administra, por cuánto tiempo y con qué controles, la mayor renta energética del continente.
Tutela interina y supervisión multilateral. La tesis estadounidense asociada a Donald Trump y a su cancillería sostiene una administración interina de los activos petroleros como rescate patrimonial por inversiones históricas, con promesa de beneficio fiscal para Venezuela. La novedad es el marco multilateral: la posibilidad de que la ONU observe, supervise o condicione esa tutela introduce checks & balances que el mercado valora y el derecho exige.
Desde la óptica financiera, la ecuación es simple y dura:
• Deuda histórica no auditada + CapEx hundido = flujo de caja futuro bajo
gestión técnica.
• Supervisión internacional, reduce riesgo de arbitrariedad, mejora bancabilidad y abarata financiamiento.
• Cronograma de salida es la variable crítica que determina si la tutela crea valor o congela dependencia.
Brasil, Francia y la fractura diplomática. La semana se carga de simbolismo cuando Luiz Inácio Lula da Silva opta por reconocer a Delcy Rodríguez como figura de continuidad institucional, mientras Emmanuel Macron empuja una transición con anclaje electoral que reconozca a Edmundo González y María Corina Machado.
El mapa se completa con apoyos críticos desde Javier Milei y Nayib Bukele. Este clivaje no es ideológico solamente: define el régimen de control de la renta. Reconocer continuidad facilita negociación operativa; reconocer ruptura exige legitimidad electoral inmediata. Los mercados leen esa diferencia como riesgo de ejecución.
La jugada de Washington: poder blando con respaldo duro. Estados Unidos coloca a Venezuela en jaque económico con una estrategia de poder blando respaldado por poder duro. El argumento de justicia contra economías ilícitas funciona como comodín narrativo; el objetivo estructural es asegurar suministro, recuperar valor y ordenar el flujo de caja. La condición política implícita es una interlocución más maleable que garantice contratos, seguridad y puertos.
Aquí emerge la analogía histórica: Panamá tardó años en recuperar control pleno de activos estratégicos. La pregunta vuelve con fuerza: ¿cuándo retorna la autonomía? Sin hitos verificables, la tutela se perpetúa; con ellos, transita.
Seguridad y externalidades. La administración petrolera exige protección de infraestructura. Bases y corredores logísticos reducen pérdidas, pero desplazan riesgos. Bandas transnacionales como el Tren de Aragua pueden relocalizarse, presionando fronteras. La presencia histórica de FARC y ELN obliga a un frente regional de inteligencia y finanzas ilícitas. Sin cooperación, la renta se filtra; con ella, se formaliza.
Mercado, dólar y bienestar. Venezuela ya vive una dolarización de facto. Una gestión técnica del crudo ancla expectativas, reactiva crédito y financia servicios. El bienestar prometido depende de reglas de distribución y auditoría independiente. El mercado premia transparencia; castiga opacidad.
El lunes decisivo
La sesión del 5 de enero en la ONU ordenó el tablero:
• A favor de continuidad tutelada: quienes priorizan estabilidad operativa inmediata.
• A favor de transición electoral: quienes exigen legitimidad como condición.
• Condicionales: quienes apoyan tutela solo con supervisión y salida. De esa votación depende el perfil de la presencia estadounidense: administrador transitorio con calendario, o gestor prolongado con costos crecientes de legitimidad.
Conclusión
Estamos ante el poder tras el poder: la renta petrolera decide más que los discursos. La supervisión multilateral puede convertir la tutela en puente y no en destino. Para Venezuela, el beneficio exige auditoría, cronograma y justicia. Para la región, incluida Colombia, el reto es convertir seguridad en crecimiento, no en desplazamiento del crimen.
El mundo miró el lunes. El petróleo paga la cuenta; la ONU decide las reglas.
