La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de impedir que aviones estadounidenses traigan de vuelta a Colombia a ciudadanos colombianos deportados bajo las políticas migratorias de Donald Trump no solo despierta la controversia social, sino que también plantea serias cuestiones sobre la gobernabilidad y la economía del país. En un momento en que la Nación enfrenta desafíos críticos, la postura del Presidente podría tener repercusiones gravísimas en varios niveles.
Primero, es importante entender el contexto detrás de esta decisión. La política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo Trump, ha sido objeto de amplios debates. Sin embargo, la negativa de Petro a aceptar estas deportaciones se traduce en un desafío directo a la relación bilateral con uno de los principales aliados de Colombia. Históricamente, la cooperación con Estados Unidos ha sido crucial para nuestra lucha contra el narcotráfico y la violencia. Ahora, al tomar esta medida, Petro no está solo confrontando a un aliado vital, sino que también está deslegitimando a miles de colombianos que, sin importar las circunstancias, regresan a su país.
Desde un punto de vista político, esta decisión tiene potencial para erosionar aún más la gobernabilidad de Petro. Al posicionarse en contra de una “repatriación” que es vista como parte del proceso legal de inmigración que muchos colombianos enfrentan, el Presidente corre el riesgo de alienar tanto a las comunidades afectadas como a los sectores moderados que han mostrado cierto grado de apoyo a su administración. Esta falta de apoyo puede traducirse en protestas y descontento social, elementos que ya han comenzado a asomarse en el horizonte político colombiano.
Pero más allá de las consideraciones sociales y políticas, las repercusiones económicas son quizás más preocupantes. La economía colombiana, ya golpeada por el desempleo y la inflación, puede ver un impacto adicional en el desarrollo del precio del dólar. Si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, podríamos asistir a un aumento en la volatilidad del tipo de cambio. Esto es crítico, sobre todo teniendo en cuenta que un dólar más fuerte tiende a deteriorar el poder adquisitivo de los colombianos y a desincentivar la inversión extranjera.
La inflación, que ya se encuentra en niveles alarmantes, podría experimentar un incremento adicional si la incertidumbre económica crece. Una población que ya está luchando por cubrir sus necesidades básicas podría enfrentarse a una nueva ola de dificultades, y esto podría ser particularmente devastador en un año donde las expectativas son de recuperación post-pandemia. La decisión de Petro de cerrar las puertas a la repatriación no solo podría resultar en un golpe a la imagen internacional del país, sino que también podría intensificar la crisis económica que vive actualmente Colombia.
La decisión de Gustavo Petro de rechazar los vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos no es un acto aislado, sino un movimiento que podría tener consecuencias importantes en términos de política, gobernabilidad y economía. En un país que ya enfrenta desafíos significativos, estas acciones podrían conducir a una mayor inestabilidad y sufrimiento para los ciudadanos, incluyendo el aumento de la inflación y el deterioro del peso colombiano frente al dólar.
La pregunta que queda es: ¿puede Colombia darse el lujo de darse la espalda a su propio pueblo y a sus aliados estratégicos en este momento crítico?
