En cualquier parte del mundo, más en un Estado de derecho, aun sin ley que así lo disponga, por derecho natural o sencillamente por sentido común se sabe que el gobierno debe perseguir y castigar la delincuencia y la criminalidad, pues su tolerancia es indicativa de fallas sistemáticas en sus estructuras y de la pérdida de la justicia y los valores, lo que socava la cohesión social, es fuente del crecimiento de la maldad, genera inseguridad y obstaculiza el desarrollo del país.
Pero como “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza», lo que es lógico para cualquier persona del común no lo es, por obvias razones, para el mandatario que tenemos en la Presidencia, pues, de antaño sus contertulios han sido personas que trasgreden las mínimas reglas de convivencia fijadas por el pueblo en la Constitución y desarrolladas por la ley, entre ellas, el respeto por los derechos de los demás y el acatamiento al ordenamiento jurídico impidiendo que la sociedad pueda cohabitar en paz.
Por eso, en un acto terrorífico apareció en Medellín con nueve peligrosos delincuentes, varios de ellos con antecedentes por homicidio, narcotráfico y pertenencia a organizaciones armadas ilegales, en la tarima presidencial durante el evento de Gustavo Petro en Medellín, no es solo un escándalo político: es una bofetada al país entero, es una afrenta a la legalidad, a la seguridad ciudadana y a la dignidad institucional. Y la respuesta del presidente, lejos de disipar preocupaciones, las agrava con su cinismo, en donde todo se disfraza con el gastado ropaje de “La Paz Total” y la “rehabilitación”.
Petro optó por el discurso cómodo: que estos hombres hacen parte de un supuesto proceso de “rehabilitación”, que están en “diálogos” con su gobierno y que su presencia en actos públicos, aun estando privados de la libertad, es una muestra de su voluntad de reconciliación. Lo grave no es solo el argumento, sino el precedente que sienta. ¿Desde cuándo los delincuentes con penas vigentes se convierten en voceros de la paz desde una tarima presidencial? La otra pregunta es: ¿Si la senadora Isabel Cristina Zuleta podía impartir la orden de salida de la cárcel de Bellavista, en Itagüí, que fue autorizado mediante Resolución No. 005208, suscrita por el Director de custodia y vigilancia (E) del Inpec.
Es más que evidente que no existe norma alguna que faculte a un integrante del Congreso para ordenar al INPEC entregar antecedentes de detenidos. La autoridad de vigilancia y traslado es del orden judicial (juez o fiscal). Los congresistas no ostentan funciones ejecutivas ni administrativas en el sistema penitenciario. Por ende, se excede la legalidad: es un acto sin competencia, presuntamente delictual de abuso de autoridad.
De acuerdo con el Decreto 407 de 1994, el INPEC y su Director General responden por el traslado o acceso a información, siempre bajo criterios internos, técnicos y legalmente definidos. Para cualquier petición o traslado de internos, se requiere un procedimiento formal, fundamentado y técnicamente sustentado.
Ese descarado proceder ya es objeto de denuncias penales como la ya instaurada por Andrés Tobón. También los graves señalamientos que les ha hecho Claudia Carrasquilla.
Lo más grave es que la exposición pública de esos delincuentes no solo vulneró protocolos de seguridad penitenciaria, sino que también dejó en evidencia una preocupante señal de cooptación del discurso institucional por parte de estructuras criminales. Ciertos organismos de inteligencia y autoridades regionales han advertido que esta estrategia implica un riesgo concreto: la legitimación política de mafias disfrazadas de movimientos sociales. Se está generando un modelo donde criminales son promovidos como “voceros de paz” sin haber pasado por procesos de verdad, justicia ni reparación ¿Cuál es el mensaje para las víctimas? ¿Qué incentivo queda para el ciudadano que cumple la ley?
Más inquietante aún es el análisis que emerge entre líneas: lo ocurrido en Medellín parece ser la manifestación pública de algo más profundo y más oscuro. Para muchos, esta escena es el capítulo más reciente del infame “Pacto de La Picota”, el presunto acuerdo entre Gustavo Petro y sectores criminales durante la campaña presidencial de 2022, revelado cuando se conocieron visitas de emisarios políticos a cárceles para prometer beneficios a cambio de votos. En ese momento, Petro negó cualquier acuerdo. Hoy, la realidad parece desmentirlo.
En este contexto, lo sucedido en Medellín podría ser interpretado como una cuota política: un pago simbólico o estratégico que revela que los compromisos de campaña siguen vivos y que los actores del crimen organizado no solo siguen negociando con el poder, sino que incluso lo acompañan en sus actos públicos.
Este hecho desborda cualquier límite ético, jurídico o institucional. Es la representación literal del poder compartiendo tarima con el crimen.
La Paz no se construye con improvisación, populismo ni alianzas oscuras. La Paz no se decreta desde una tarima ni se legitima con delincuentes disfrazados de portavoces sociales. La Paz requiere verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Petro, con este acto, no solo ha violentado el sentido de justicia, sino que ha banalizado una vez más el verdadero significado de la reconciliación nacional. Lo que ocurrió en Medellín es una alerta máxima sobre como se está desdibujando el Estado de derecho y es, por supuesto, un mensaje claro de como se va a impulsar electoralmente la asamblea nacional o popular constituyente.
Es hora de que los entes de control, la Procuraduría y la Fiscalía actúen con la firmeza que el caso demanda. El silencio es cómplice. Y más aún, merecemos un Presidente que entienda que gobernar no es usar el poder para reescribir la ley según su conveniencia. El riesgo es claro: si este tipo de episodios se normaliza, Colombia pasará de ser un país con mafias a ser una república gobernada en connivencia con ellas.
El escritor alemán Thomas Mann fue bastante claro en indicarlo: “Procure recordar que la tolerancia se convierte en crimen cuando se tiene tolerancia con el mal”.
