Es urgente un sistema de educación superior mixto, con financiación estatal y privada creciente, que disminuya las brechas de acceso, calidad y de equidad en las regiones.
Son días agitados en la democracia colombiana, la velocidad, inmediatez y complejidad de los hechos hacen difícil decidir qué problema público priorizar. El posible inicio de un proceso Constituyente cuyo anuncio e implicaciones aún no terminamos de entender, la inminente crisis del sistema de salud, el deterioro de la seguridad, por mencionar solo algunos temas, han hecho que para la opinión pública otras reformas estén avanzando de manera silenciosa y lejos de los reflectores. Es el caso de la Ley Estatutaria en Educación.
Garantizar la educación como derecho fundamental es un deber del Estado colombiano. Una sociedad se transforma cuando sus ciudadanos tienen acceso a un buen sistema educativo que hoy exige, además, la inclusión de habilidades para el trabajo, el bilingüismo, el manejo de las nuevas tecnologías y herramientas para la competitividad. Una educación pertinente y coherente con los retos globales.
Del proyecto de Ley Estatutaria que cursa hoy en el Congreso, y que fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes con 95 votos a favor, resaltamos haber incluido el derecho fundamental a la educación inicial y a la educación media, declarando como obligatorios los grados décimo y undécimo. Una medida que facilita extender la cobertura en educación en todas las regiones del país y posibilita una mejor transición hacia la educación postmedia o superior, esto es, la educación técnica, tecnológica, educación para el trabajo y profesional.
Ahora bien, en su artículo 18º, el proyecto de ley plantea: “El Estado financiará, ofrecerá y garantizará en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior priorizando la financiación de las instituciones oficiales…”. Preocupa que la financiación y la oferta se concentren en un lado de la balanza, cuando históricamente las instituciones privadas han apalancado de manera importante la cobertura que, de otra manera, no hubiera sido posible con una oferta exclusivamente pública. Un dato: para el año 2022, de 291.151 estudiantes de pregrado en Antioquia, casi el 40% cursaba sus estudios en instituciones privadas.
Para garantizar el derecho progresivo a la educación superior es vital la concurrencia de todos los actores: públicos y privados, dar libertad de elección a la población joven, asegurar la pluralidad de oferta, una formación que esté conectada con el sector productivo y la disponibilidad de cupos con criterios de calidad. Recientemente, programas como Ser Pilo Paga y Generación E, que brindaron acceso a la educación superior a 376.000 jóvenes, evidenciaron que es posible la convergencia de una oferta mixta. En el debate de la reforma debe primar el sentido de realidad sobre la discusión ideológica.
Ante los desafíos existentes en la educación de nuestros niños y jóvenes, es urgente un sistema de educación superior mixto, con financiación estatal y privada creciente, que disminuya las brechas de acceso, calidad y de equidad en las regiones. En un escenario en el que el Gobierno Nacional no ha logrado materializar la meta de los nuevos 500.000 cupos en educación superior, este propósito será inalcanzable si no se cuenta con la concurrencia de los privados.
Esta conversación debe darse con todos los actores, con una ciudadanía vigilante y de cara al país. El talento de Colombia, nuestros jóvenes y su futuro merecen una discusión en voz alta.
