Colombia enfrenta el gran reto de garantizar energía asequible, limpia y confiable para todos. En ese camino, las comunidades energéticas surgen como una alternativa poderosa, real y urgente para avanzar en una transición energética justa.
Gracias a la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), el país reconoce legalmente a las comunidades energéticas como agrupaciones de ciudadanos que se organizan para generar, consumir y gestionar energía renovable de forma colectiva. A través del Decreto 2236 de 2023, se reglamentaron dos modalidades: Autogeneración Colectiva (AGRC) y Generación Distribuida Colectiva (GDC) y recientemente se complementó el esquema con la Resolución CREG 101 072 de 2025 para armonizar el desarrollo regulatorio previo, habilitando a asociaciones de vecinos, tenderos o cooperativas a instalar sistemas de hasta 1 MW y compartir la energía mediante el mecanismo del neteo, con un manejo de excedentes particular en la escala de 1 kW a 100 kW y otro de 100 kW a 1 MW [1]: la energía que se produce, por ejemplo, en la cubierta de una cancha, se descuenta del consumo de los participantes, creando así un superávit de energía sobre todo en las épocas de sequía.
Este modelo no solo baja la factura de energía para sectores populares donde más del 40% de las cubiertas son aprovechables, sino que también combate las pérdidas por fraude y conexiones ilegales, al formalizar el acceso con participación comunitaria. Una cancha de fútbol, un techo comunal o un terreno baldío pueden convertirse en fuentes de energía limpia que beneficien a barrios enteros, tenderos, vendedores informales y familias que hoy destinan una parte importante de su ingreso al pago de la energía eléctrica. Adicionalmente, convierte al usuario final en un agente activo del mercado, permitiéndole ganar apropiación sobre el cuidado del recurso energético.
Ya hay proyectos en marcha que demuestran su viabilidad. En Barranquilla, comunidades solares en techos públicos están reduciendo el costo de vida en sectores vulnerables. Y en Cali, los barrios de Desepaz y Potrero Grande han sido seleccionados para el proyecto “Hogares Sostenibles”, financiado por el Gobierno Nacional a través de FENOGE, en convenio con EMCALI. Allí, cientos de hogares recibirán sistemas solares, electrodomésticos eficientes y educación energética para mejorar sus condiciones de vida y reducir el gasto mensual en servicios públicos.
Incluso en zonas rurales como Pondores (La Guajira), comunidades antes aisladas están usando estos modelos para acceder por primera vez a energía confiable, con respaldo técnico de empresas del sector. Estos ejemplos evidencian que la transición energética también puede nacer desde abajo.
Pero el desafío más grande no es técnico, es el de la sostenibilidad a largo plazo. Estos proyectos deben ir más allá del piloto. Requieren modelos de administración, operación y mantenimiento (AOM) que integren a los operadores de red con las comunidades, despertando unos interrogantes fundamentales ¿Quién y con que tecnología se lograra tener un control y supervisión centralizada del despacho de la energía solar de inyección directa?, ¿Quién tiene el suficiente conocimiento del mercado energético y será el responsable de velar porque las comunidades energéticas obtengan beneficio que aporte a su economía?, a fin de generar riqueza comunitaria y no solamente en los grandes agentes del mercado, ¿Quién y de qué forma se dará buen uso a la tecnología (paneles solares, inversores, estructuras) para que estos tengan ciclos de vida prolongados y evitar grandes volúmenes de desechos?
La clave está en la alianza entre lo institucional y lo local, que el conocimiento técnico y financiero del sector energético se combine con el liderazgo comunitario y el compromiso ciudadano. “Nuestra visión optimista se enmarca en lograr impulsar a las comunidades para que sean más conscientes, apropiadas y orientadas al bienestar común”.
A las nuevas generaciones de ingenieros, líderes sociales y emprendedores les digo: «el futuro energético no solo se diseña desde las grandes plantas o las oficinas de planeación. También se construye desde el barrio, la vereda y el territorio. Las comunidades energéticas nos recuerdan que la energía no es un privilegio, es un derecho. Y ese derecho puede gestionarse con justicia, participación y visión colectiva».
Colombia tiene una gran oportunidad. No dejemos que esta política se quede en el papel. Hagámosla realidad, kilovatio a kilovatio, comunidad a comunidad.
[1] Articulo 28 de la Resolución CREG 101 072 de 2025
