El atentado contra Miguel Uribe Turbay no es solo un hecho criminal: es una herida profunda a la democracia colombiana. Miguel es la víctima, en carne y hueso. Él, su esposa, sus hijos pequeños y su familia entera, que ya había sido golpeada antes por la violencia política, son quienes hoy enfrentan el dolor, el miedo, la incertidumbre y el trauma.
Pero no es solo su vida la que quisieron silenciar. También intentaron apagar una voz firme, joven y valiente de la oposición. Un líder que ha asumido con claridad la tarea de denunciar los errores de este gobierno, un precandidato presidencial que representa una alternativa para millones de colombianos. En ese sentido, también la democracia es víctima. Porque en un país libre, pensar diferente no puede costar la vida.
Sobre los responsables, es evidente que hay un menor de edad que apretó el gatillo. Un hecho trágico por donde se mire. Su edad no lo exime de culpa, pero sí nos obliga a preguntarnos cómo hemos llegado a que un adolescente crea que matar a un opositor es una salida o una “misión”. La juventud colombiana está siendo atrapada por las redes del crimen y del odio. No podemos ignorarlo.
Pero el joven que disparó no actuó solo. Las autoridades deben identificar y llevar ante la justicia a todos los autores materiales e intelectuales. Caiga quien caiga. Y sí, también debe establecerse la responsabilidad política del gobierno. Porque no basta con condenar los hechos en X. Quienes hoy intentan presentarse como víctimas de un supuesto plan de desestabilización, olvidan que era su deber proteger la vida de Miguel y de toda la oposición. Y no lo hicieron. Peor aún: han sido los primeros en alimentar el odio, en señalar, en dividir.
No es casual que los enemigos de Miguel prefieran verlo callado. Un gobierno liderado por él sería todo lo contrario a lo que hoy tienen: no tendrían fuerzas armadas debilitadas, ni servicios de inteligencia desmantelados, ni excusas para justificar la pérdida de control territorial. Y con eso, lo saben, se les acabaría el negocio de las rentas ilegales que hoy crece al amparo de la desidia.
Este atentado no es solo un ataque contra un hombre. Es un intento por perpetuar un país al revés, donde quienes delinquen imponen su ley y quienes denuncian, pagan el precio.
Hoy más que nunca, Colombia necesita un cambio. Urgente. Profundo. Con autoridad, con justicia, con valores. Ojalá, por un milagro, ese cambio llegue con Miguel.
