Con profunda consternación recibimos la deplorable noticia del asesinato sicarial ocurrido el miércoles pasado en las afueras de un gimnasio situado en la calle 85 con carrera séptima, el que cobró la vida del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, pues no sólo revela la dolorosa pérdida de valiosos seres humanos, sino la absoluta desprotección en la que se desarrolla la cotidianidad en Bogotá.
No se trató de un hecho insular, sino que denota un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad constante, nos recuerda otros atentados llevados a cabo a plena luz del día en zonas tradicionalmente consideradas seguras del norte de Bogotá. Lo terrible no es solo la violencia; es la repetición de ese delito en un área que ya había cobrado otra vida, lo que exigía que tuviera protección de alta vigilancia.
Estos hechos dejan conocer un homicidio más en una ciudad que está normalizando lo inaceptable. El sicariato violencia planeada, coordinada y ejecutada exige inteligencia, logística y movilidad armada. Que estas conductas delictuales ocurran en espacios comerciales y de alto flujo ciudadano indican que el crimen organizado percibe bajos riesgos de respuesta estatal inmediata.
En el 2025 las cifras oficiales ya mostraban que Bogotá registró alrededor de 1.169 homicidios, y si bien hubo una leve reducción frente a los 1.214 casos de 2024, es lo cierto que resulta absurdo ese índice de mortalidad. Esta cantidad se traduce en una tasa aproximada de 14,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, preocupante para una capital con más de ocho millones de habitantes.
Estas cifras sumadas ocultan una realidad importante: la persistencia de los delitos contra la vida y la integridad de los habitantes de la capital y la percepción de inseguridad reflejan la ausencia de políticas y estrategias efectivas para promover la seguridad integral, máxime cuando existe una impunidad que ronda el 90% en muchos casos.
Bogotá tiene uno de los pies de fuerza policial más bajos entre las capitales del país. Según reportes recientes, la Policía Metropolitana cuenta con entre 16.000 y 17.000 uniformados asignados a la capital, lo que resulta insuficiente para atender a una población que supera los 8 millones de habitantes. Esto equivale a aproximadamente 200 policías por cada 100.000 residentes, muy por debajo de los 300 por cada 100.000 habitantes que múltiples analistas de seguridad consideran un estándar mínimo para grandes metrópolis.
El Distrito ha intentado corregir parcialmente esa brecha: en varias ocasiones se ha anunciado la llegada de refuerzos policiales, incluyendo 1.004 nuevos uniformados recientemente incorporados para patrullaje, investigación e inteligencia criminal, así como anuncios de 800 a 1.000 efectivos adicionales en distintos períodos del año pasado.
Pese a estos incrementos puntuales, la percepción de insuficiencia y el déficit histórico de personal persisten. Este déficit tiene consecuencias prácticas muy claras: menor presencia disuasiva en la calle, tiempos de reacción más lentos, cuadrantes saturados y una capacidad reducida de inteligencia urbana que anticipe patrones delictivos, no solo que reaccione después del hecho.
Más allá de la discusión técnica sobre variaciones porcentuales, lo que pesa en la vida cotidiana es la frecuencia y la ubicación de los hechos: restaurantes, centros comerciales, gimnasios, vías principales. Espacios que antes eran considerados relativamente seguros.
La policía debe tener no solo presencia, sino inteligencia focalizada en redes criminales, trazabilidad de rutas de escape, análisis de datos en tiempo real y una articulación efectiva con la Fiscalía para lograr judicializaciones eficaces y que se traduzcan en prisión efectiva cuando corresponda.
Las cámaras de vigilancia, por ejemplo, no pueden ser ornamentales; deben estar integradas en sistemas que permitan identificar rápidamente actores delictivos, rutas de escape y patrones recurrentes.
Los residentes en el Distrito Capital estamos cansados de ver los mismos libretos institucionales tras cada hecho violento: anuncios de recompensas, consejos de seguridad extraordinarios, noticias de capturas que no prosperan, refuerzos temporales. Son acciones necesarias, pero insuficientes si no están integradas en una política estructural sostenida en el tiempo.
Se necesita efectividad, resultados concretos que ataquen la criminalidad y una justicia expedita que sancione verdaderamente a los criminales, para prevenir el delito y mantener el orden social. La libertad que se les está otorgando a los ilegales es un incentivo para que consideren que “el crimen paga”.
La inseguridad no solo deteriora la convivencia; expulsa inversiones, frena la actividad económica, afecta el turismo y deteriora la salud mental colectiva. La normalización del miedo es, en sí misma, una forma silenciosa de deterioro social.
Hoy fue en la 85. Mañana podría ser en cualquier esquina, cualquier parque, cualquier barrio. Este ya no es un debate sobre percepciones. Este homicidio, ejecutado a la luz del sol y en plena vía pública revela que los actores criminales no perciben un riesgo significativo de reacción inmediata, menos aún, de castigo por su actuar facineroso. Y cuando el cálculo del delincuente es que puede actuar y escapar, la autoridad pierde poder simbólico.
Bogotá, hoy sin falta requiere con urgencia: Inteligencia criminal focalizada en redes de sicariato y economías ilegales. Intervención territorial sostenida, no operativos de 48 horas. Articulación efectiva entre Fiscalía y Policía con resultados visibles en judicializaciones. Control más riguroso de armas ilegales. Expansión tecnológica real: más cámaras, mejor monitoreo y uso analítico de datos.
A este paso, la pregunta ya no es si la inseguridad está creciendo. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de exigir un cambio de rumbo real. Porque una ciudad donde el sicariato se vuelve pan de cada díaes una urbe que empieza a perder el control de sí misma y con los anuncios de grupos subversivos en contra de ella, ahí sí que apague y vámonos como reza el dicho popular.
