A COLOMBIA LA SALVAMOS DESDE LAS REGIONES. La negligencia de Gustavo Petro y sus graves consecuencias para la seguridad nacional.
En los últimos días los municipios de Briceño y Yarumal sufrieron el drama de la crisis de seguridad que atraviesa Antioquia, la cual es un reflejo de la inoperancia y negligencia del presidente Gustavo Petro en cumplir con los deberes que la Constitución le impone.
En lugar de garantizar el orden público y proteger la soberanía nacional, el mandatario ha permitido que grupos narcoterroristas consoliden su poder en amplias regiones del país, como el Catatumbo, y ha profundizado una alianza ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, señalado internacionalmente por su colaboración con el narcotráfico.
El artículo 189 de la Constitución Política de Colombia establece que el Presidente debe “conservar el orden público en todo el territorio nacional”. Sin embargo, la realidad es que vastas zonas de Colombia están bajo control de estructuras criminales que extorsionan, desplazan y asesinan a los ciudadanos sin que el gobierno intervenga de manera efectiva. Petro prácticamente ha renunciado a su rol de comandante en jefe de la Fuerza Pública, debilitando su capacidad operativa, mientras cede ante intereses políticos que priorizan el caos, la polarización y la ideología.
La alianza con Maduro: una amenaza directa a la soberanía
La relación cercana de Petro con el régimen de Maduro contradice el mandato constitucional de preservar la soberanía nacional. El artículo 226 obliga al Presidente a dirigir las relaciones internacionales con base en principios de independencia y respeto a los derechos humanos, pero su alianza con un régimen cómplice del narcotráfico y que comete crímenes, como la persecución política y asedio a contradictores, no solo viola estos principios, sino que también pone en peligro la seguridad del país y la estabilidad regional.
Esta alianza ha facilitado la expansión de estructuras criminales transnacionales que operan en las fronteras y dentro de nuestro territorio, sin que Petro tome medidas para contrarrestarlas. En lugar de combatir estas amenazas, su gobierno parece más interesado en normalizar relaciones con un régimen narco dictatorial que representa un claro riesgo para Colombia.
Negligencia que debería tener consecuencias
El presidente Gustavo Petro no puede seguir ignorando las obligaciones que le impone su cargo. Su incumplimiento de los deberes constitucionales, tiene consecuencias directas para el bienestar de millones de colombianos y no debería quedar impune. El Congreso y las instituciones de control deberían actuar con firmeza frente al actual panorama.
Por las omisiones y pésimas decisiones que ha tomado como gobernante frente a la preservación de la seguridad del territorio colombiano, además por el no cumplimiento del deber constitucional de simbolizar la unidad, de garantizar los derechos y libertades de los colombianos, y por hacer alianzas con regímenes narco dictatoriales, debería ser sometido a un juicio político.
¡Actuemos!
Cada día me preocupa más la inoperancia del gobierno nacional en materia de seguridad y no me extrañaría que todo este caos esté siendo orquestado con el guiño del mismo Presidente, para desestabilizar al país y dar un AUTOGOLPE.
Si el gobierno nacional no cumple con su deber de proteger a los ciudadanos o incluso pretende con ayuda de grupos narcoterroristas, perpetuar su nefasto gobierno o ahondar la crisis del país, los departamentos deben tomar medidas para garantizar su seguridad.
En Antioquia, la propuesta valiente y polémica del gobernador Andrés Julián Rendón de una sobretasa a los servicios públicos para financiar la seguridad regional, es una muestra de que los líderes locales están dispuestos a buscar soluciones ante la falta de apoyo del gobierno central. Debemos rodear a los mandatarios departamentales para que asuman un rol protagónico en la defensa de sus territorios e implementen estrategias autónomas innovadoras para proteger a la ciudadanía.
Antioquia ha sido ejemplo de resiliencia y para contener a un gobierno adverso a los intereses de la región debemos estar unidos la ciudadanía y el empresariado respaldando las iniciativas necesarias para proteger el territorio. Esto es una responsabilidad compartida y el Distrito de Medellín también debe estar presto a brindar apoyo. Si no es la sobre tasa, pues dar solución con otra iniciativa, eso sí, que sea expedita, el tiempo no está de nuestro lado.
Los gobernadores no pueden seguir de manos atadas sin poder dar solución a las crisis provocadas por el gobierno nacional del caos. Antioquia puede mostrar el camino, actuando con determinación y siendo bastión de libertad y progreso.
Salvemos a Colombia, desde las regiones.
