El silencio de las esferas de poder ante el baño de sangre que padece Antioquia es, para mí, un acto de profunda traición que roza la complicidad. Sentimos una legítima indignación al ver cómo las autoridades competentes y los gobiernos de turno se dedican al peligroso deporte de «chutarse» la responsabilidad de combatir el delito. Es una verdad universal que no se puede prever el momento exacto de un asesinato, pero ¡basta de excusas! El fenómeno de la violencia, la expansión territorial de los grupos armados y las rutas del crimen sí pueden ser mapeados, atacados y mitigados mediante una efectiva inteligencia criminal. Lo que estamos presenciando no es mala suerte, es la consecuencia directa de la inoperancia política y la abdicación del deber de proteger a los ciudadanos.
La realidad de 2025 nos golpea con cifras que gritan auxilio. En el Suroeste antioqueño, la violencia ha escalado entre un 36% y un 46% respecto al año anterior. El caso de Andes es el símbolo de este fracaso: este municipio, antes ejemplo de proyección, vive su año más violento, alcanzando los 60 homicidios y un aumento dramático del 300%, impulsado por una guerra de microtráfico que las autoridades no pudieron, o no quisieron, sofocar a tiempo. Ciudadanos de a pie en Ciudad Bolívar, Betulia y Urrao son rehenes de esta disputa que se cocina ante los ojos de un Estado ausente.
La incapacidad de control se extiende como un cáncer por el mapa departamental. En el Norte, la subregión con el mayor aumento porcentual de casos, el municipio de San Andrés de Cuerquia pasó de cero homicidios en 2024 a 22 en lo que va del 2025, evidenciando que las disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc actúan sin contención. Incluso en el Oriente, una zona históricamente más estable, municipios como El Carmen de Viboral han caído en una ola de violencia que ya alcanza las 24 muertes en este año. La criminalidad ya no respeta fronteras ni promesas de paz.
Mientras tanto, las zonas de conflicto crónico como el Bajo Cauca y el Nordeste siguen siendo el vientre de las economías ilegales que financian este terror. Municipios como Tarazá, Cáceres y El Bagre en el Bajo Cauca, junto con Segovia y Remedios en el Nordeste, son los trofeos que se disputan sin piedad los Grupos Armados Organizados (GAO) –principalmente el Clan del Golfo y el ELN– por el control de la minería ilegal y el narcotráfico. Es en estos territorios donde la inoperancia del Estado se convierte en un pacto de no agresión, permitiendo que el terrorismo económico y social se consolide.
Los diferentes mandatarios locales han alzado la voz, han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y al mismo Gobierno de Antioquia para intervenir y restablecer el orden. Pero el clamor de los dirigentes y la ciudadanía ha sido sistemáticamente desatendido. La respuesta ha sido un vergonzoso ‘ping-pong’ burocrático, donde unos señalan la falta de pie de fuerza y otros la ausencia de voluntad política. Esta pasividad, esta falta de acción contundente para desmantelar las estructuras criminales con inteligencia proactiva, no es negligencia; es la evidencia de que las prioridades de los despachos están lejos de la vida que se pierde en los corregimientos.
El resultado de esta desidia es palpable. La sensación de paz y la proyección económica de los municipios se ha desmoronado. Aquellos pueblos que antes atraían inversionistas y turistas, hoy son evitados. Aunque las autoridades insistan en que los asesinatos son «selectivos», la percepción ciudadana es de pánico, llevando a la gente a viralizar el destino hacia otros lugares. El fracaso en la seguridad pública tiene un costo social y económico que arruina el futuro de regiones enteras. De nada sirve hablar de desarrollo si el derecho fundamental a la vida se resuelve a punta de plomo.
Las vidas de los antioqueños no son una estadística para ser analizada en un frío informe trimestral, ni un problema para ser pateado al siguiente gobierno. Hay que exigir a las autoridades nacionales y departamentales que dejen de lado la retórica vacía y actúen con la fuerza de la ley. La inteligencia para mitigar el crimen existe, la voluntad política debe activarse de inmediato. Si no intervienen con urgencia y contundencia en los focos de Andes, San Andrés de Cuerquia, El Carmen de Viboral y el Bajo Cauca, serán directamente responsables del colapso de la seguridad y del terror que se instala en el corazón de Antioquia. ¡Basta de inoperancia, la paz, la tranquilidad y la vida de la gente no espera!
