En este país que tanto amo, he aprendido que la defensa de la soberanía no es un discurso, es un acto diario. Por eso, desde la Comisión Segunda del Senado, tomamos la decisión de citar a la Canciller, al Ministro de Defensa y a la Ministra de Comercio.
No lo hicimos por confrontar al Gobierno, sino por cumplir con nuestro deber de hacer preguntas que hoy millones de colombianos también se están haciendo.
Hace poco el Presidente firmó un acuerdo binacional con un gobierno que, no solo ha sido señalado por buena parte del mundo como ilegítimo, sino que por años, ha sido refugio de grupos armados ilegales, narcotraficantes y estructuras que siguen causando dolor en nuestras regiones de frontera.
Y frente a eso, la pregunta es simple: ¿qué estamos firmando?
Queremos saber cuál es el marco legal de ese acuerdo, qué compromisos se asumieron, cuál es el presupuesto destinado y, sobre todo, cuáles son los verdaderos impactos para Colombia. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Y con qué respaldo jurídico?
Como servidor público, no me es indiferente lo que pasa en Arauca, en el Catatumbo o en La Guajira. Son territorios que llevan años esperando que el Estado esté presente de verdad, no solo con firmas en el exterior, sino con inversión, seguridad y oportunidades.
Y mientras esas regiones claman por ayuda, el Gobierno firma en silencio tratado que nadie entiende y que podrían comprometer aún más su futuro.
La diplomacia debe servir para tender puentes, sí. Pero no a costa de cerrar los ojos ni de legitimar lo que tantos países y ciudadanos cuestionan. No podemos normalizar lo que nos hace daño.
Preguntar no es oponerse. Exigir claridad no es atacar. Es cumplir con el mandato que nos dio la gente: cuidar este país con responsabilidad, con principios, con el corazón puesto en la verdad.
Colombia merece acuerdos que construyan, no que silencien. Que unan, no que pongan en riesgo lo que tanto nos ha costado proteger.
