Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron investigaciones independientes sobre la presunta participación de funcionarios públicos guatemaltecos en adopciones ilegales de niños indígenas durante la guerra civil que fue entre los años 1960-1996.
Entre los señalados se encuentra la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que además había sido sancionada previamente por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción.
El grupo de expertos expresó por medio de un comunicado su preocupación por la información recibida sobre al menos 80 niños que, tras ser capturados y sometidos a desaparición forzada entre 1968 y 1996, fueron institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” y posteriormente entregados en adopciones internacionales consideradas ilegales.
Según la organización, Porras habría sido Directora del hogar y ejercido como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, en este sentido, los expertos advirtieron que hasta ese momento no se había llevado a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente ni imparcial acerca de la presunta implicación de las autoridades estatales en estos procesos, ni se habían otorgado reconocimiento o reparaciones adecuadas a las madres afectadas.
Señalaron además que las adopciones ilegales podrían haberse realizado mediante actos ilícitos como falsificación de documentos, fraude en la declaración de adoptabilidad, coacción de los padres biológicos o beneficios financieros indebidos a intermediarios.
En su comunicado, los especialistas insistieron en la necesidad de investigaciones independientes sobre las alegaciones que involucraban a funcionarios públicos, incluyendo a Porras, y advirtieron sobre los riesgos de permitir que personas con denuncias creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos fueran preseleccionadas o nombradas en cargos judiciales antes de la conclusión de dichas pesquisas.
El contexto político también fue mencionado, en ese orden de ideas los expertos recordaron que Porras se postulaba para la elección a la Corte Constitucional de Guatemala y que podría haber sido nominada para la reelección como Fiscal General.
Subrayaron la necesidad de cautela ante estas postulaciones, dado que un eventual nombramiento podría otorgarle inmunidad frente a investigaciones futuras sobre su gestión en la Fiscalía.
Un dato importante para comprender la magnitud de lo denunciado, es que durante la guerra civil guatemalteca, organizaciones sociales estimaron que aproximadamente 35.000 niños, en su mayoría indígenas, fueron separados de sus familias y entregados en adopciones ilegales a países como Bélgica y Canadá.
Por lo que la ONU recalcó que los estados tenían la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, así como de garantizar que las víctimas y sus familias pudieran acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
La denuncia de la ONU coincidió con la elección de magistrados en la Universidad de San Carlos, instancia que designa representantes para la Corte de Constitucionalidad.
Ese mismo día, Porras fracasó en su intento de ser elegida Magistrada por la universidad estatal, al no obtener votos suficientes, mientras manifestantes se congregaron en Antigua Guatemala para expresar su rechazo a su postulación, pero, todavía conservaba opciones de acceso al cargo mediante otras instancias, como la designación por parte del Congreso, la Corte Suprema de Justicia o el Presidente del país.
