La Oficina de Derechos Humanos alertó sobre ataques armados contra el pueblo wayuu en La Guajira y confinamientos masivos en Guaviare y Chocó.
Pide acciones inmediatas, investigación y atención humanitaria.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia hizo este lunes un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para adoptar medidas efectivas que garanticen la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la violencia armada. El organismo denunció graves violaciones en La Guajira, Guaviare y Chocó, donde grupos ilegales han perpetrado ataques, desplazamientos y confinamientos masivos.
El pronunciamiento se produce tras la incursión violenta del 27 de octubre en la Alta Guajira, donde un grupo armado no estatal atacó la comunidad wayuu de Cusinajain, quemó 14 viviendas, lanzó artefactos explosivos y reclutó a un menor de 14 años. Además, se reportaron agresiones contra mujeres indígenas que podrían constituir tortura y tratos crueles e inhumanos, según la ONU. “Urgimos al Estado a proteger la vida y la integridad del pueblo wayuu y a garantizar atención humanitaria y psicosocial con enfoque de género y étnico”, señaló la entidad en un comunicado.
La situación no se limita al norte del país. En el Guaviare, más de 10.000 personas permanecen confinadas desde el 26 de mayo por enfrentamientos entre disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). El bloqueo armado ha impedido el ingreso de misiones médicas, generado desabastecimiento y paralizado la educación de 170 niños, según alertó la Defensoría del Pueblo. La ONU pidió “medidas integrales de protección y prevención” para estas comunidades, incluidos pueblos indígenas Nukak, Jiw y Sikuani.
En el Chocó, la violencia entre el ELN y el Clan del Golfo mantiene confinadas a 12.000 personas y ha provocado el desplazamiento de más de 4.000 habitantes en el Medio San Juan. Las comunidades afrodescendientes e indígenas wounaan enfrentan restricciones severas a la movilidad y amenazas directas. “Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección”, advirtió la ONU, que documentó la presencia de grupos armados en San Juan, Bajo Baudó y el litoral del San Juan desde el 26 de febrero.
El organismo internacional también instó a los actores armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario, prohibiendo ataques contra civiles, reclutamiento de menores y tratos crueles. Además, pidió al Gobierno colombiano investigaciones exhaustivas para sancionar a los responsables y garantizar la presencia estatal en territorios afectados.
La ONU advirtió que la falta de acción podría agravar la crisis humanitaria y socavar los avances en los procesos de paz. “La protección de la población debe ser un eje central en las negociaciones con los grupos armados”, enfatizó el Alto Comisionado Volker Türk.
