La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que en lo que va del año 2025 se han registrado al menos 42 ataques indiscriminados cometidos por grupos armados ilegales en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. Los hechos han dejado 27 personas muertas y cerca de 200 heridas, en medio de una escalada de violencia que afecta gravemente a comunidades rurales y miembros de la fuerza pública.
A través de X, la oficina del organismo internacional indicó que los ataques han tenido lugar en 12 municipios del Cauca y cuatro del Valle del Cauca, territorios donde permanecen activos varios frentes de las disidencias de las FARC, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones dedicadas al narcotráfico y al control territorial.
“En estos ataques, según la información a nuestra disposición, fueron privados de la vida 19 civiles, entre ellos una lideresa y un líder comunitario, y ocho uniformados. Al menos 200 personas resultaron heridas”, señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Frente a la repetición de hechos violentos en el suroeste del país, la ONU-DH hizo un llamado urgente a los grupos armados no estatales para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garanticen los derechos humanos de la población civil.
Asimismo, la oficina exhortó al Estado colombiano a fortalecer las medidas de prevención y protección, así como a implementar de manera integral las políticas de seguridad y desmantelamiento de estructuras armadas ilegales, especialmente en las zonas donde la presencia de grupos criminales continúa generando desplazamientos forzados y amenazas contra líderes sociales.
Según los reportes oficiales, los departamentos del Cauca y Valle del Cauca se han consolidado como escenarios críticos del conflicto armado en el país. En estas regiones confluyen intereses de distintos actores ilegales que buscan el control de cultivos ilícitos de coca, los laboratorios de procesamiento de droga y las rutas de tráfico hacia el océano Pacífico, una zona estratégica para la salida de cargamentos con destino internacional.
Durante los últimos meses, se han registrado ataques con explosivos cerca de estaciones de Policía, bases militares y zonas urbanas, ocasionando víctimas entre uniformados y civiles, así como graves daños a la infraestructura pública y privada. Estas acciones han provocado desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades y una sensación generalizada de inseguridad entre la población.
En medio del pronunciamiento de la ONU, se registró en las últimas horas un nuevo atentado en el municipio de Suárez- Cauca. De acuerdo con la información oficial, un carro bomba explotó frente a la estación de Policía, dejando dos personas muertas y tres heridas.
Las autoridades atribuyeron el hecho al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que mantiene influencia en la zona. La detonación causó destrozos en viviendas cercanas, afectó establecimientos comerciales y dañó vehículos estacionados en los alrededores. Los habitantes reportaron momentos de pánico y confusión tras la fuerte explosión ocurrida en horas de la madrugada.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó lo sucedido y reiteró su rechazo al uso de explosivos en zonas pobladas, recordando que estos actos violan de manera directa el Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, el organismo internacional instó al Gobierno de Colombia y a las instituciones de seguridad a intensificar los esfuerzos de protección a la población civil, reforzar las políticas de prevención de la violencia y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras armadas que operan en el suroeste del país.
