La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su Informe de Fase 4 sobre soborno transnacional, en el que expone una evaluación crítica sobre el desempeño de Colombia en la prevención, detección, investigación y sanción de este delito.
El documento analiza el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el país al adherirse a la Convención Antisoborno y establece una serie de recomendaciones con tiempos definidos para subsanar los vacíos identificados.
De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con un marco normativo vigente para enfrentar el soborno de funcionarios públicos extranjeros, pero su aplicación presenta deficiencias persistentes.
Para la Ocde, esta brecha entre la norma y los resultados se refleja en un número reducido de investigaciones y sanciones, lo que sugiere una capacidad limitada para detectar y perseguir este tipo de conductas de manera efectiva.
Uno de los aspectos destacados es que, aunque se ha impuesto por segunda vez una sanción administrativa a una persona jurídica, no se han adelantado procesos penales contra personas naturales por soborno transnacional. El organismo considera que este panorama evidencia bajos niveles de detección y un uso restringido de los instrumentos penales disponibles, pese a la existencia de casos potenciales.
El reporte también señala dificultades de coordinación entre las entidades encargadas de la investigación y sanción. En particular, menciona la relación entre la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, cuyas competencias diferenciadas, personas naturales y jurídicas, respectivamente, requieren esquemas de articulación más claros para evitar vacíos en los procesos y duplicidades o inacciones.
Otro punto de preocupación es el uso limitado de la cooperación judicial internacional. Según la Ocde, las solicitudes formuladas por otros Estados no siempre conducen a la apertura de investigaciones en Colombia, lo que reduce la eficacia del sistema y limita el seguimiento de operaciones transnacionales en las que podrían estar involucrados actores colombianos.
El informe insiste en una falencia reiterada: la ausencia de un sistema integral de protección a denunciantes. Para el organismo, la falta de garantías para quienes reportan posibles hechos de soborno desalienta la denuncia, afecta la detección temprana y restringe el flujo de información hacia las autoridades competentes.
Asimismo, la Ocde advierte sobre riesgos que afectan la independencia de las investigaciones y de los procesos judiciales. El documento subraya que la autonomía de fiscales e investigadores es un elemento central para asegurar decisiones sustentadas en criterios técnicos y jurídicos, y señala que este aspecto no ha sido abordado de manera suficiente.
Entre las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, integrado por 46 países, figuran retomar una participación activa y sostenida de Colombia en los espacios del organismo, fortalecer la coordinación interinstitucional, permitir la apertura de investigaciones a partir de solicitudes de cooperación internacional y adoptar con urgencia un marco robusto de protección a denunciantes.
El informe reconoce algunos avances puntuales, como el cumplimiento de recomendaciones previas por parte de Bancóldex y el fortalecimiento de controles antilavado y regímenes sancionatorios al sector privado, medidas que podrían incidir en una mayor detección del soborno transnacional.
En materia de sensibilización, la Ocde identifica esfuerzos limitados para informar a los funcionarios públicos sobre este delito y los canales de denuncia existentes. Finalmente, el organismo estableció que Colombia deberá presentar en diciembre de 2026 un plan de acción para atender las recomendaciones prioritarias y rendir cuentas sobre su implementación en diciembre de 2027.
