La Contraloría General de la República emitió una advertencia formal sobre los riesgos asociados a la puesta en marcha del nuevo modelo de producción de pasaportes en Colombia, tras analizar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, cuya entrada en operación está prevista para el próximo 1 de abril.
El ente de control señaló deficiencias en la planeación financiera y posibles afectaciones en la prestación del servicio. De acuerdo con la evaluación realizada, uno de los principales hallazgos es la ausencia de una proyección financiera integral que permita establecer el costo real del servicio de expedición de pasaportes durante las distintas vigencias.
Según la Contraloría, no se cuenta con un modelo que detalle de manera completa los gastos asociados ni que precise si el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de los recursos necesarios para sostener el esquema en el tiempo. Esta falta de claridad, advirtió la entidad, podría derivar en sobrecostos con impacto directo sobre los recursos públicos.
El informe también identifica modificaciones estructurales en el sistema de producción. El nuevo modelo deja de basarse en la demanda real de pasaportes y pasa a operar con cantidades mínimas anuales previamente definidas. Este cambio, según la Contraloría, introduce un riesgo adicional, ya que no se encuentra garantizado el suministro de libretas en caso de que la demanda supere los volúmenes establecidos contractualmente.
A estos elementos se suma la exclusión de varios costos que en el esquema anterior estaban contemplados dentro del servicio. Entre ellos se encuentran el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas y eventuales intereses que ahora deberán ser asumidos por separado. La entidad de control señaló que esta redistribución de costos no cuenta con un análisis que permita dimensionar su impacto fiscal total.
Otro aspecto observado tiene relación con la denominación de los valores del servicio en moneda extranjera. El nuevo modelo fija los costos en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario. La Contraloría indicó que no se identificaron estudios previos que evalúen los efectos de la variación en la tasa de cambio ni mecanismos definidos para mitigar este riesgo financiero.
En materia operativa, el organismo de control advirtió que los retrasos en la estructuración del modelo y la falta de definiciones contractuales claras podrían comprometer el cumplimiento del cronograma previsto. La no entrada en operación del sistema en las fechas establecidas podría generar consecuencias económicas, así como afectaciones en la continuidad del servicio de expedición de pasaportes para los ciudadanos.
Ante este panorama, la Contraloría instó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional a revisar de manera detallada el esquema planteado, adoptar correctivos y fortalecer la planeación financiera y operativa antes de la implementación del nuevo modelo, con el fin de evitar impactos fiscales y administrativos mayores.
