La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra tres personas vinculadas al Proyecto Hidroituango, en el marco de una investigación que señala presuntas irregularidades en la ejecución de la obra y un daño ambiental de gran escala.
Según el ente acusador, los señalados habrían participado en maniobras que habrían permitido la apropiación de recursos públicos y la alteración de los diseños originales del proyecto.
Los imputados son Jorge Ignacio Castaño Giraldo, exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP; Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro Vásquez, representante legal y gerente de la interventoría del proyecto.
La Fiscalía los señaló como presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación, durante la ejecución del proyecto se habrían realizado acuerdos irregulares entre las partes con el propósito de modificar los contratos de obra, lo que habría favorecido a los contratistas. Según los hallazgos, la interventoría habría sido manipulada para avalar decisiones que permitieron la ejecución de obras adicionales y el desvío de recursos públicos.
El ente acusador expuso que la implementación del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) se concretó mediante la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.
Estas decisiones, según los fiscales, habrían facilitado la disposición de recursos del erario en favor de los contratistas, a través de la celebración de actas modificatorias por un valor superior a 339.107 millones de pesos.
Los investigadores también señalaron que las modificaciones introducidas en los diseños originales habrían afectado el medio ambiente y generado riesgos para las comunidades cercanas al proyecto.
La intervención de organismos estatales para mitigar los impactos de estas decisiones se convirtió en una prioridad ante la crisis derivada de las modificaciones en la infraestructura de Hidroituango.
El Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, lideró el proceso de imputación. Durante la audiencia, ninguno de los señalados aceptó los cargos imputados y se declararon inocentes.
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