El pasado 15 de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro emitió la Directiva Presidencial No. 09, un acto administrativo que busca fomentar la participación de pequeños productores locales y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en las compras públicas de alimentos.
Sin embargo, esta disposición coloca a entidades del orden nacional, como la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entre otras, en el papel de compradores directos de alimentos, lo que plantea serios riesgos para su operación y eficiencia.
En cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, la directiva establece que al menos el 30% del presupuesto de estas entidades debe destinarse a adquirir alimentos de pequeños productores locales.
Además, exige que los menús reflejen las tradiciones culturales y regionales, y prioriza la compra de productos de temporada para fortalecer la economía local.
¿Un riesgo para la eficiencia del Programa de Alimentación Escolar?
Aunque la medida tiene como objetivo dinamizar la economía rural y promover la seguridad alimentaria, expertos señalan que convertir a la UApA y otras entidades en compradores directos de alimentos podría generar riesgos como:
- Aumento de la burocracia: Las entidades deberán gestionar compras locales, lo que puede complicar los procesos administrativos y retrasar la entrega de alimentos.
- Dificultades logísticas: La adquisición directa de productos de pequeños productores requiere coordinar con múltiples proveedores, lo que puede poner en riesgo la cobertura y continuidad del suministro.
- Impacto en la calidad y la inocuidad: Aunque la directiva exige estándares de calidad, la diversidad de proveedores podría dificultar el control y monitoreo de los alimentos entregados.
- Control y transparencia del proceso de compra: Se tendrá que evaluar la manera de garantizar la transparencia de los procesos de compra y garantizar que no ocurran actos de corrupción con los alimentos para los niños.
Un cambio con retos y oportunidades
La directiva también incluye disposiciones para el fortalecimiento técnico, como bases de datos de productores locales, plataformas digitales para garantizar la trazabilidad y capacitaciones a las entidades territoriales y productoras.
No obstante, la implementación efectiva dependerá de una articulación eficiente entre el gobierno nacional, los pequeños productores y las instituciones locales.
Con este nuevo enfoque, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta el desafío de equilibrar el apoyo al desarrollo rural con la responsabilidad de garantizar la alimentación adecuada y oportuna de millones de estudiantes en el país.
