Durante la presentación del informe “Con-Permiso para Despreciar” de la organización Caribe Afirmativo, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, hizo un firme llamado al Estado colombiano para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+.
En su intervención, Campbell expresó un especial reconocimiento al trabajo de Caribe Afirmativo por visibilizar y documentar la violencia sistemática contra esta población en el país. El informe, presentado en un evento que contó con la presencia de la Defensora del Pueblo, Iris Marín; el embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand; la embajadora de Suecia, Helena Storm; y el Procurador Delegado, Néstor Iván Osuna, evidencia cifras preocupantes: en 2024 se registraron 164 homicidios, 1.460 amenazas, 150 casos de violencia policial, 689 víctimas de violencia sexual y más de 1.000 agresiones digitales contra personas LGBTIQ+.
“Estas cifras no son solo estadísticas; cada número representa una historia interrumpida, una vida marcada por el prejuicio, la exclusión y la violencia”, afirmó Campbell.
El informe también expone cómo la violencia hacia esta población se entrelaza con dinámicas del conflicto armado y de violencia territorial, donde actores armados continúan ejerciendo control mediante amenazas, asesinatos selectivos y castigos ejemplarizantes, motivados por prejuicios.
Desde la Oficina del Alto Comisionado, se destacó como un avance el reconocimiento de estas violencias en el marco del proceso de justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abordado estos crímenes en casos como el 02, que documenta violencia sexual y de género en Nariño; el 07, sobre reclutamiento forzado de niños y adolescentes con orientaciones diversas; y el 11, recientemente abierto, que investiga violencias basadas en género, orientación sexual e identidad de género.
Campbell insistió en que es fundamental abordar estas violencias desde una perspectiva interseccional, reconociendo que las personas LGBTIQ+ indígenas, afrodescendientes, migrantes o trabajadoras sexuales enfrentan formas agravadas de discriminación. “El racismo, la xenofobia, la transfobia y el clasismo se combinan para producir barreras estructurales que limitan el acceso a los derechos y a la justicia”, subrayó.
Asimismo, el funcionario de Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación de defensores y defensoras LGBTIQ+, quienes enfrentaron más de 220 amenazas durante 2024, especialmente en zonas rurales y de alto riesgo, sin una protección efectiva por parte del Estado. “Proteger a quienes defienden los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado y un pilar de una paz justa y sostenible”, dijo.
La Oficina celebró la próxima visita a Colombia del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, prevista hasta el 30 de mayo, y reafirmó su compromiso de acompañar este proceso y promover un diálogo transparente con todos los sectores.
Campbell también mencionó las barreras estructurales que persisten en el acceso a la justicia, como el subregistro de casos, la falta de datos desagregados y la ausencia de protocolos adecuados que consideren la orientación sexual e identidad de género en las investigaciones judiciales.
En el plano legislativo, destacó de manera positiva el avance del Proyecto de Ley Integral Trans, radicado en 2024, que busca garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, trabajo y reconocimiento legal de la identidad de género. También se refirió a otro proyecto de ley que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que organismos internacionales han calificado como equivalentes a tortura.
Para concluir, Campbell reiteró: “La garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ no es una concesión, sino una obligación del Estado. No puede haber paz sin justicia para quienes han sido históricamente violentados. No puede haber democracia plena sin la participación efectiva de todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género”.
La Oficina del Alto Comisionado reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Colombia, acompañando a las víctimas y promoviendo transformaciones estructurales que aseguren una vida libre de discriminación para todas las personas.
