El país observó con horror, el pasado 3 de mayo, cómo hombres armados con fusiles irrumpieron violentamente en una vivienda cercana a la ciudad de Cali y se llevaron a un niño de 11 años, semidesnudo y descalzo. Las imágenes del pequeño Lyan Hortúa en manos de sus captores estremecieron a Colombia entera.
La indignación no tardó en extenderse por todo el territorio nacional. Pronto se supo que los responsables del rapto eran integrantes del grupo armado Jaime Martínez, una facción disidente de las FARC. En un principio, se habló de un secuestro extorsivo dirigido a los padres del menor, propietarios de negocios de joyería.
Sin embargo, el jueves en la tarde, el país recibió una alentadora noticia: Lyan había sido liberado y entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Se encontraba sano y salvo. La euforia por su regreso pronto dio paso a inquietantes revelaciones.
Detrás del secuestro se escondía una compleja trama de venganzas, ajustes de cuentas y deudas pendientes entre antiguos socios del narcotráfico. La liberación del niño se habría logrado tras el pago de un rescate: $4.000 millones de pesos en efectivo. Quien se encargó de entregar el dinero fue Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan. Horas después, Cuadros fue asesinado a tiros mientras desayunaba en una cafetería del barrio Bretaña, en Cali. Dos sicarios le dispararon por la espalda.
Angie Bonilla – Foto Captura de pantalla
Las autoridades confirmaron que Cuadros tenía antecedentes por porte ilegal de armas y lesiones culposas, y que en 2014 ya había sido víctima de un atentado. Su muerte marcó un nuevo giro en el caso, que apenas comenzaba a revelarse.
Según fuentes cercanas a la investigación, Lyan no era el objetivo original del secuestro. La orden había sido dada por Diego Rastrojo, un poderoso narcotraficante, quien contrató a la disidencia Jaime Martínez para capturar a Jorsuar Suárez, padrastro del menor, o a Angie Bonilla, su madre. Al no encontrar a ninguno de los dos, los secuestradores optaron por llevarse al niño, lo que luego calificaron como un “error operativo”.
Rastrojo buscaba cobrar una antigua deuda de narcotráfico que ascendería a $37.000 millones de pesos. Angie Bonilla había sido pareja de José Leonardo Hortúa, alias Mascota, padre de Lyan, asesinado en Cali en 2013. Mascota, también conocido como Mochacabezas por su presunta participación en desmembramientos en Tuluá, fue considerado uno de los herederos criminales de Rastrojo. Capturado en 2010, recibió casa por cárcel.
Bonilla habría servido como testaferro, administrando propiedades y dinero de origen ilícito. Pero tras la muerte de Mascota y la posterior extradición de Diego Rastrojo, el rastro de esos millonarios bienes se perdió. Al intentar recuperar sus activos, Rastrojo pidió cuentas a Bonilla. Al no recibir respuesta satisfactoria, optó por la vía violenta.
La familia de Lyan buscó intercesión de figuras del narcotráfico en el Valle para evitar una tragedia, pero estas se negaron a mediar, limitándose a exigir que se respetara la vida del menor. Se permitió el envío de medicamentos y la realización de videollamadas con el niño.
Dada la gravedad de la situación, considerada una disputa entre poderosos capos, las autoridades descartaron cualquier operativo de rescate. Incluso organismos de derechos humanos que inicialmente ofrecieron su ayuda como mediadores, se retiraron al conocer los detalles del caso.
El secuestro de Lyan Hortúa es solo la punta del iceberg: revela el trasfondo de una guerra silenciosa entre los pesos pesados del narcotráfico en el Valle del Cauca, una lucha despiadada por poder, dinero y control territorial, en la que los inocentes, como Lyan, se convierten en víctimas colaterales.
Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion!
