Nicolás Maduro, el dirigente político venezolano y sucesor designado de Hugo Chávez, capturado por Estados Unidos tras una operación militar, salió de manera forzada del poder y se cerró un periodo iniciado en 2013, cuando asumió la Presidencia tras la muerte del líder del chavismo, y que se extendió por más de una década marcada por disputas sobre legitimidad electoral, tensiones diplomáticas, sanciones internacionales y una prolongada crisis económica y social en Venezuela.
El hecho puso fin a un ciclo marcado por crisis institucional, sanciones internacionales y un prolongado deterioro económico y social en Venezuela.
Maduro es oriundo de Caracas, aunque sectores opositores han sostenido que nació en Colombia. Es hijo de Nicolás Maduro García, dirigente sindical, y de Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana.
Su acercamiento a la política comenzó durante la secundaria, cuando participó en asociaciones estudiantiles y fue expulsado de su colegio tras promover una movilización. Desde esa etapa afirmó identificarse con ideas de izquierda y con lo que definió como un proyecto revolucionario.
Trabajó como conductor del Metro de Caracas, actividad desde la cual se vinculó al sindicalismo. En 1983 se desempeñó como escolta del entonces candidato presidencial José Vicente Rangel y en 1988 contrajo matrimonio con Adriana Guerra Angulo, con quien tuvo un hijo en 1990, Nicolás Maduro Guerra, quien posteriormente ingresó a la política. Esa relación terminó años después.
A comienzos del 2000, Maduro fue elegido Diputado a la Asamblea Nacional y en 2006 fue designado Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez, cargo que ocupó hasta 2012 y desde el cual fortaleció vínculos con gobiernos aliados, entre ellos Rusia.
En ese periodo consolidó su cercanía con Chávez y con Cilia Flores, abogada del entonces mandatario y figura clave del chavismo, con quien mantuvo una relación desde los años noventa y con quien se casó en 2013.
En diciembre de 2012, durante una alocución televisada, Chávez anunció públicamente que, en caso de quedar inhabilitado, su recomendación era que los venezolanos eligieran a Nicolás Maduro como Presidente. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Maduro fue juramentado como Presidente encargado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente se impuso en las elecciones del 14 de abril de ese año frente a Henrique Capriles, en un resultado que fue impugnado por la oposición.
Su primera administración estuvo acompañada por cuestionamientos internos y externos sobre el sistema electoral, protestas sociales y una contracción económica progresiva. En 2018 buscó la reelección en un proceso adelantado, en el que participaron Henri Falcón y Javier Bertucci, mientras otros líderes opositores estaban inhabilitados, detenidos o en el exilio. Organismos internacionales y varios gobiernos señalaron irregularidades, lo que derivó en un aumento del aislamiento diplomático.
En enero de 2019, Juan Guaidó se proclamó Presidente interino con respaldo de Estados Unidos, varios países de América Latina, la Unión Europea y otros actores internacionales. No obstante, Maduro mantuvo el control efectivo del aparato estatal.
Durante ese periodo, la economía venezolana enfrentó hiperinflación, caída sostenida del producto interno bruto y deterioro de los ingresos petroleros, lo que coincidió con un proceso migratorio que superó los 8 millones de personas.
En 2024, Maduro se adjudicó una nueva victoria electoral, aunque sectores opositores, encabezados por Edmundo González Urrutia y respaldados por actas recolectadas por testigos, denunciaron fraude.
Tras esos comicios se reportó un aumento de detenciones por razones políticas, mientras González salió del país y María Corina Machado pasó a la clandestinidad. Ese mismo año, la Corte Penal Internacional avanzó en una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La relación con Estados Unidos fue uno de los ejes constantes de su gestión. Durante el primer mandato de Donald Trump se impusieron sanciones económicas y petroleras, se desconoció su legitimidad y se respaldó abiertamente a la oposición. Con la administración de Joe Biden se mantuvo el desconocimiento de los procesos electorales cuestionados, aunque se otorgaron alivios parciales en materia energética condicionados a negociaciones políticas.
Durante sus años en el poder, Maduro sostuvo una estructura basada en alianzas con la Fuerza Armada, sectores del chavismo histórico y apoyos internacionales de países como Rusia, China, Irán y Cuba. Paralelamente, organismos de Naciones Unidas documentaron patrones de represión, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, denuncias que el gobierno rechazó de forma reiterada.
El regreso de Trump a la Presidencia en 2025 reactivó una estrategia de presión directa. EE. UU. denunció riesgos para la seguridad regional, declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista y desplegó fuerzas navales y aéreas en el Caribe y el Atlántico. Ese movimiento fue presentado como una operación preventiva contra redes criminales, pero tuvo impacto regional y elevó la tensión diplomática.
Tras más de doce años al frente del Ejecutivo, la captura de Maduro por parte de Estados Unidos marcó el cierre de un periodo iniciado tras la muerte de Chávez. El dirigente que fue presentado como su heredero político sostuvo el control del Estado en medio de conflictos electorales, sanciones, migración masiva y presión internacional, hasta una operación militar que derivó en su salida definitiva del poder.
