El Gobierno de Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, de Colombia, quien permanece prófugo de la justicia tras haber sido imputado dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión fue comunicada oficialmente a la Cancillería colombiana, que ya recibió la notificación de parte de la administración de Daniel Ortega, confirmando que no dará trámite a la petición enviada por el Estado colombiano. Con este pronunciamiento, González se mantiene fuera del alcance de las autoridades judiciales del país, lo que complica los procesos en su contra.
El exfuncionario fue imputado por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucra desvío de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales, un caso que ha salpicado a distintos actores del gobierno y que es considerado uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años. Su salida de Colombia y posterior presencia en Nicaragua han sido objeto de cuestionamientos en la opinión pública y en sectores políticos que han criticado la protección que estaría recibiendo.
La negativa del gobierno nicaragüense era de esperarse y desde algunos sectores no solo no les sorprende sino que señalan que es el libreto escrito desde el Gobierno de Gustavo Petro dentro de una «pantomima» para progeger a uno de los hombres mas cercanos al presidente. Expertos señalan que esta decisión puede convertirse en un obstáculo significativo para el avance de las investigaciones judiciales, al dejar sin herramientas inmediatas a las autoridades colombianas para garantizar la comparecencia de González en los procesos penales.
Por ahora, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias judiciales en ausencia del exdirector del DAPRE, mientras la Cancillería evalúa los pasos a seguir en el marco de la cooperación internacional. Sin embargo, dado el rechazo formal de Managua, las posibilidades de que González regrese al país en corto plazo se reducen de manera considerable.
La decisión del gobierno de Ortega también reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción protagonizados en este gonierno, especialmente cuando los procesados encuentran refugio en países con los cuales Colombia la justicia no logra establecer acuerdos efectivos de cooperación, mientras que la ideolgía política protege a los amigos del presidente.
Con este escenario, el proceso judicial contra González se enfrenta a un nuevo capítulo de incertidumbre, mientras la opinión pública y la oposición política reclaman garantías para que los responsables del caso UNGRD respondan ante la justicia.
