Trabajadores de la Electrificadora de Santander, empresa filial del Grupo EPM, adelantaron jornadas de protesta en distintos municipios del departamento para exigir el reconocimiento de derechos laborales que, según denuncian, no han sido atendidos por la administración.
Las movilizaciones incluyeron actos simbólicos como el encadenamiento de algunos empleados frente a las sedes de la compañía, con el propósito de visibilizar el conflicto que se mantiene abierto.
Las organizaciones sindicales señalaron que el eje de la inconformidad se centra en la falta de avances dentro de la negociación colectiva, así como en el incumplimiento del ajuste salarial conforme al aumento del salario mínimo legal vigente. A esto se suma, según los trabajadores, la ausencia de garantías laborales relacionadas con estabilidad, formalización y condiciones de seguridad en actividades de riesgo.
De acuerdo con los voceros sindicales, los empleados aceptaron previamente una prórroga de 21 días solicitada por la empresa para continuar el proceso de diálogo. Sin embargo, aseguran que durante ese periodo no se presentaron propuestas que permitieran destrabar la negociación. También cuestionaron la negativa de la Electrificadora de Santander a aceptar la intermediación del Ministerio del Trabajo, lo que consideran un obstáculo adicional para alcanzar acuerdos.
Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, afirmó que la forma como se ha manejado el conflicto refleja deficiencias en la gobernanza empresarial y podría derivar en riesgos operacionales. En ese sentido, hizo un llamado a la junta directiva de la compañía y a EPM para que evalúen los posibles efectos de prolongar el desacuerdo y presenten una propuesta que se ajuste a los lineamientos constitucionales, convencionales y a los decretos del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo.
Roncancio recordó que la Electrificadora de Santander cuenta con calificación financiera triple A y que durante 2024 registró ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, además de una utilidad neta cercana a los 252.000 millones. Asimismo, mencionó que la empresa proyecta un plan de inversiones para el periodo 2025–2028, cifras que, a juicio de los trabajadores, contrastan con la falta de respuesta a sus solicitudes.
Entre las principales exigencias planteadas por los sindicatos se encuentran el ajuste del salario vital conforme a los decretos vigentes, la formalización laboral para reducir esquemas de tercerización y mayores garantías de seguridad para el personal que realiza labores con redes eléctricas y transformadores. Advirtieron que una eventual paralización total de actividades podría afectar la prestación del servicio a más de 940.000 usuarios en los municipios donde opera la compañía.
Las protestas se desarrollan en las seccionales de Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa. Desde estos puntos, los trabajadores reiteraron su solicitud de intervención al Gobierno nacional, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de control, con el fin de facilitar una salida al conflicto en el marco de la Constitución y la normatividad laboral vigente.
