El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional a finales de 2025 continúa generando actuaciones desde distintos sectores políticos. En esta ocasión, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa anunció la presentación de una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación. Motoa considera que existirían dilaciones injustificadas por parte de varios ministros frente a los requerimientos del Congreso relacionados con esta medida excepcional.
Según informó el congresista, la queja se sustenta en una presunta falta disciplinaria atribuida a integrantes del gabinete, quienes, de acuerdo con su planteamiento, no habrían dado respuesta oportuna a los cuestionarios remitidos en el marco del control político al decreto de emergencia económica.
Motoa señaló que estas solicitudes de información están directamente vinculadas con los alcances, efectos y fundamentos de la declaratoria adoptada por el Ejecutivo. De manera paralela, el senador indicó que elevó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso de la República con el propósito de que se convoque, en el menor tiempo posible, una sesión de debate de control político en plenaria del Senado. La intención, explicó, es que los ministros comparezcan y expongan de manera directa las razones que llevaron al Gobierno a decretar la emergencia y a adoptar medidas tributarias por vía excepcional.
Motoa sostuvo que, a su juicio, el Gobierno ha aplazado reiteradamente el debate solicitado, argumentando trámites formales, solicitudes de prórroga y otras razones administrativas. En ese contexto, afirmó que la emergencia económica ya se encuentra en plena vigencia, al igual que los incrementos impositivos establecidos mediante decreto, lo que refuerza la necesidad de un debate inmediato en el Congreso.
El senador también manifestó que la falta de respuestas se produce en un escenario en el que previamente el Legislativo negó la aprobación de una ley de financiamiento, lo que, según su posición, incrementa las dudas sobre el manejo fiscal del Gobierno y la adopción de decisiones económicas sin un respaldo legislativo previo.
Estas actuaciones se conocen pocas horas después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informara que radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar con carácter de urgencia para suspender los efectos del mismo decreto de emergencia económica. El mandatario local señaló, a través de un comunicado, que su actuación se fundamenta en la confianza en las instituciones y en la necesidad de preservar el orden legal.
El decreto de emergencia económica fue expedido el 22 de diciembre de 2025 y declara este estado excepcional por un periodo de 30 días calendario. La medida fue adoptada tras el hundimiento en el Congreso del proyecto de Ley de Financiamiento presentado por el Gobierno, con el cual se esperaba recaudar recursos para las vigencias fiscales de 2025 y 2026.
Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control y las altas cortes, el decreto continúa bajo escrutinio político y jurídico, en medio de un debate que involucra al Congreso, autoridades locales y distintas instancias del Estado.
