El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sigue defendiendo ‘a capa y espada’ el proyecto de ley de sometimiento a bandas criminales como una herramienta central dentro de la política de Paz Total promovida por el Gobierno Petro.
La propuesta, que avanza en su etapa de socialización en el Congreso, plantea una nueva estrategia de negociación con organizaciones armadas ilegales, con el objetivo de desmantelar sus estructuras y frenar actividades como la extorsión, el narcotráfico y el reclutamiento de menores.
Montealegre explicó que el enfoque de la iniciativa parte del reconocimiento de que las condiciones históricas del país han cambiado y que actualmente se negocia con estructuras criminales que no comparten el modelo jerárquico y vertical de grupos armados como las FARC. Señaló que el proyecto establece un marco jurídico previo, diseñado como una “bitácora” que guiaría la participación de estas organizaciones en un eventual proceso de sometimiento.
Durante una entrevista reciente, el Ministro calificó el modelo como una “tercera vía” frente a las anteriores experiencias de justicia transicional aplicadas en Colombia. A diferencia de la Ley de Justicia y Paz (2005) del gobierno de Álvaro Uribe, que creó una jurisdicción especial, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) implementada en el Acuerdo con las FARC bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, este nuevo esquema no contempla una estructura judicial paralela, sino que estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación y los jueces ordinarios.
La propuesta establece sanciones privativas de libertad por un mínimo de cinco años, y complementa ese componente con mecanismos de justicia restaurativa, enfocados en la verdad, la reparación y la no repetición. El ministro reiteró que el tratamiento penal individual no es el eje central del proyecto, sino la desarticulación de las estructuras criminales como un todo.
El jefe de la Cartera también contrastó el modelo actual con el proceso de paz con las FARC. Mientras en ese proceso los acuerdos precedieron al marco legal, en el nuevo enfoque primero se define el marco jurídico y luego se habilitan las negociaciones. Según el Ministro, esto responde a la naturaleza menos jerárquica y más fragmentada de los grupos con los que hoy se busca establecer contacto, como el ELN o redes del crimen organizado urbano.
El ministro Montealegre justificó la negociación con estas organizaciones en los resultados preliminares observados en algunas regiones, como Medellín, donde se han registrado reducciones en indicadores de violencia. También mencionó el compromiso alcanzado por algunos grupos para desvincular a más de 2.000 menores de edad entre los 14 y 16 años.
Para que cualquier organización acceda al proceso, debe cesar de manera verificable todas sus actividades delictivas, incluyendo la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Montealegre reconoció que el desmonte total de estas estructuras no se dará de manera inmediata y que el avance será progresivo.
Sobre el debate relacionado con la propuesta de permitir que los financiadores y criminales conserven hasta el 12% de sus bienes ilícitos, el ministro aseguró que esa figura ya existe en la legislación colombiana a través del Código de Extinción de Dominio, que contempla una excepción del 10%.
Indicó que esta práctica tiene antecedentes en el modelo estadounidense y que ha sido asesorada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin haber sido declarada inconstitucional.
Montealegre concluyó que este modelo busca responder a las nuevas dinámicas del conflicto y del crimen organizado, mediante un marco legal que combine medidas punitivas, instrumentos restaurativos y condiciones de verificación para garantizar resultados sostenibles en el tiempo.
