El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente solo podrá avanzar si surge como una iniciativa ciudadana respaldada por al menos tres millones de firmas.
El funcionario indicó que el proyecto fue entregado a diversos sectores sociales para su discusión, con el propósito de que estos definan si conforman un comité promotor que formalice su presentación ante la autoridad electoral.
Montealegre señaló que el documento, elaborado por su despacho, fue concebido como un “borrador de trabajo” y no como una iniciativa oficial del Gobierno. Aclaró que la propuesta busca servir como punto de partida para que organizaciones sociales y ciudadanas discutan su viabilidad y, en caso de considerarlo pertinente, impulsen la recolección de apoyos exigidos por la ley para que el Congreso tramite la iniciativa.
El jefe de la cartera destacó que el objetivo es abrir un debate nacional sobre una posible reforma integral a la Constitución de 1991. Según el texto preliminar, la Asamblea estaría conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular, con una duración de tres meses desde su instalación.
El borrador establece que la Constituyente tendría competencia para reformar la totalidad de la Carta Política, pero con límites expresos: no podría revocar al Congreso ni modificar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y estaría prohibido retroceder en derechos fundamentales y sociales.
El proyecto plantea además que el Presidente de la República reciba facultades extraordinarias por seis meses para definir los requisitos de los delegatarios y los mecanismos de elección de los distintos grupos poblacionales que tendrían representación en la Asamblea, como comunidades étnicas, campesinos, mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y población LGBTIQ+.
Entre las justificaciones incluidas en el borrador, se señala que el Congreso enfrenta un “bloqueo institucional” que, según Montealegre, ha impedido la aprobación de reformas estructurales. En el documento se argumenta que las reformas requeridas por el país no pueden tramitarse mediante actos legislativos o referendos, al implicar transformaciones profundas del sistema político y jurídico.
Montealegre insistió en que la Constituyente, de concretarse, estaría sujeta a límites democráticos y constitucionales. Enfatizó que el propósito no es sustituir el orden vigente, sino abrir un espacio de deliberación para actualizar las instituciones del Estado en temas como justicia, autonomía territorial, medio ambiente, representación política y estructura económica.
La propuesta ha generado reacciones en el ámbito político y académico, mientras el Gobierno ha insistido en que la iniciativa deberá nacer desde la ciudadanía y no como un proyecto oficial, cumpliendo los requisitos legales de participación y legitimidad popular.
