fbpx
domingo, febrero 2, 2025
MÁS
    InicioColombiaMolestias en sectores pretenden quitar la transparencia a los hallazgos de la...

    Molestias en sectores pretenden quitar la transparencia a los hallazgos de la Escombrera

    La controversia en torno a los recientes hallazgos de restos óseos en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, ha destapado una creciente tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y ONGs. Aunque las entidades tienen el mandato de esclarecer lo ocurrido con las víctimas del conflicto armado, la diferencia en el manejo de la información ha generado un fuerte debate que pone en entredicho la relación entre estas instituciones y el futuro en la transparencia pública de los hallazgos.

    La chispa del conflicto surgió tras la confirmación de la identidad de dos de las dos víctimas halladas en el sitio y cuyos datos demuestran que no murieron en la operación Orión ordenada por Álvaro Uribe Vélez, como lo han querido hacer creer organizaciones comprometidas con crear narrativas alternas a la verdad..

    Mientras la JEP defendió la necesidad de comunicar ciertos detalles de los hallazgos en nombre de la transparencia y el derecho a la verdad, la UBPD y algunas organizaciones de derechos humanos criticaron la manera en que se expuso la información, argumentando que se violó el derecho a la intimidad de las familias y se puso en riesgo su seguridad.

    Un choque entre enfoques por la transparencia vs. protección de la privacidad

    El epicentro del conflicto radica en la forma en que la JEP ha manejado la información sobre los cuerpos identificados. Si bien no reveló nombres, sí­ ofreció detalles sobre la edad, el género y el contexto de la desaparición, lo que, según algunos críticos, permitiría identificar con facilidad a las víctimas.

    La abogada María Victoria Fallon, representante de varias familias afectadas, denunció públicamente que la JEP ignoró las peticiones expresas de los allegados de los desaparecidos, quienes habrían solicitado confidencialidad total mientras procesaban su duelo.

    En su cuenta de X, Fallon fue señala que la JEP “cruza la línea de la etica”, generando una fractura de confianza con la UBPD, entidad que sí­ habría respetado la voluntad de las familias.

    A esta denuncia se sumaron testimonios de otras organizaciones que reclamaron la presencia de periodistas demasiado cerca de los restos óseos en el momento de la rueda de prensa. ”Los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos señalan algunos críticos.

    La JEP, por su parte, defendió su accionar alegando que la información divulgada fue mínima y que su propósito es garantizar la transparencia en un proceso tan sensible. “Por respeto a la solicitud expresa de las familias [sic] no divulgaremos los nombres de las víctimas ­identificadas, afirmó la JEP en un comunicado, aunque sí­ reconoció que brindó “detalles generales” sobre los cuerpos hallados.

    Un dilema de confianza y credibilidad

    Las diferencias entre la JEP y la UBPD no son un simple desacuerdo técnico, sino que reflejan un problema más profundo sobre la confianza en las instituciones encargadas de la justicia transicional. Mientras la JEP insiste en su derecho a informar y dar a conocer los avances en la identificación de víctimas, la UBPD se ha desmarcado de esta estrategia y ha reiterado su compromiso con la confidencialidad y la seguridad de las familias.

    La distancia entre ambas entidades es evidente: los comunicados recientes sobre La Escombrera ya no llevan los sellos conjuntos de la JEP y la UBPD, una señal clara de que la cooperación entre ellas se ha debilitado.

    El magistrado Gustavo Salazar, quien ha estado involucrado en la investigación en La Escombrera, trató de minimizar la polémica al afirmar que ”no hubo ninguna falencia en el manejo de la información” y que, en caso de existir molestias, se harán los ajustes necesarios. Sin embargo, su respuesta no ha sido suficiente para calmar la indignación de las organizaciones que defienden a las víctimas.

    Para Fallon, la fractura de confianza entre la JEP y la UBPD puede tener repercusiones graves en la búsqueda de desaparecidos, pues muchas familias temen dar información personal por desconfianza en el Estado.

    El debate también ha tomado un giro político, ya que algunas organizaciones han señalado que existe un “show mediático” alrededor del caso de La Escombrera, donde el dolor de las familias estaría siendo instrumentalizado con fines ajenos a la búsqueda de la verdad. Estas críticas han avivado la discusión sobre el papel de la JEP y su relación con sectores políticos de izquierda que han utilizado la tragedia de la comuna 13 para atacar a figuras como el expresidente Álvaro Uribe y la Operación Orión, omitiendo el contexto del conflicto en la zona.

    Si bien es innegable que la JEP debe manejar con sensibilidad la información sobre las víctimas también es cierto que la administración pública está regida por los principios de transparencia y publicidad que nos son ajenos la admiración de justicia y que incluye a ala JEP. La búsqueda de la verdad en Colombia no puede limitarse a lo que ciertas organizaciones consideren conveniente, sino que debe basarse en hechos verificables que la ciudadanía pueda conocer.

    La pregunta clave es: ¿Cómo encontrar un equilibrio entre el derecho a la verdad y la transparencia; y el respeto por la privacidad de las víctimas ?

    El caso de La Escombrera ha expuesto un dilema fundamental en el proceso de justicia transicional en Colombia: la necesidad de esclarecer la verdad sobre los crímenes del conflicto sin revictimizar a quienes han sufrido sus consecuencias.

    Por un lado, la JEP tiene la responsabilidad de mantener informada a la sociedad sobre los hallazgos en sitios emblemáticos como La Escombrera, especialmente cuando se trata de uno de los lugares donde se presume que yacen cientos de víctimas de desaparición forzada. Por otro, la UBPD y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la protección de las familias debe ser la prioridad absoluta, evitando cualquier acto que pueda ponerlas en riesgo o vulnerar su privacidad.

    El reto para ambas instituciones es lograr una coordinación más efectiva que les permita cumplir con sus respectivos mandatos sin generar conflictos innecesarios. La falta de comunicación y la discordia interna solo contribuyen a la desconfianza en el proceso de justicia transicional, lo que a su vez dificulta la labor de encontrar a los desaparecidos y ofrecer respuestas a sus familias.

    El choque entre la JEP y la UBPD por la divulgación de información en La Escombrera es un reflejo de las tensiones inherentes a la búsqueda de justicia en un país marcado por el conflicto. No puede ignorarse el dolor de las víctimas, pero tampoco se puede permitir que la verdad sea manipulada o censurada en función de intereses políticos.

    La solución pasa por fortalecer los protocolos de comunicación entre las entidades involucradas y garantizar que la divulgación de información sea respetuosa, pero también rigurosa y verificable. El país tiene derecho a conocer la verdad, sin ocultamientos ni sesgos, y las familias merecen justicia sin que su dolor se convierta en un espectáculo mediático.

    ÚLTIMAS NOTICIAS