La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su respaldo a la nueva ley que regula la elaboración y divulgación de encuestas durante los procesos electorales en Colombia.
Según la organización, la norma responde a una necesidad técnica de actualización y no representa una restricción al derecho de los ciudadanos a informarse.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE, indicó en una entrevista reciente que la legislación era esperada desde hace varios años y se alinea con el propósito de brindar información confiable durante los ciclos electorales. “Es importante tener una legislación en este sentido”, señaló, al tiempo que recordó que la regulación previa databa de 1996.
La ley recientemente sancionada por el presidente Gustavo Petro establece nuevos parámetros para la realización de estudios de opinión, incluyendo definiciones actualizadas sobre márgenes de error, niveles de confianza y diseño metodológico. Estas disposiciones, según la MOE, buscan garantizar que los datos divulgados en el contexto electoral respondan a estándares técnicos consistentes.
En respuesta a los cuestionamientos sobre una posible censura, Rubiano sostuvo que la norma no impide el acceso a la información, sino que delimita los tiempos en los que pueden publicarse encuestas de intención de voto. Afirmó que esta restricción temporal ya ha sido respaldada por la Corte Constitucional en fallos anteriores, en los que se advierte la necesidad de evitar campañas prolongadas y permanentes.
Sin embargo, la MOE también advirtió sobre elementos del articulado que podrían generar efectos no deseados. Uno de ellos es la creación de una comisión técnica dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual podría aumentar su planta de personal sin necesariamente mejorar su capacidad técnica. “Obviamente, exige que se garanticen esos márgenes y requisitos técnicos para conformar esta comisión”, apuntó Rubiano.
Otra observación tiene que ver con la prohibición a las firmas encuestadoras de realizar aportes a campañas políticas. Según el Observatorio Político, esta disposición podría tener implicaciones de carácter estatutario que deberían ser evaluadas con mayor detalle.
Pese a estos reparos, la organización considera que la ley aporta al fortalecimiento del sistema electoral al exigir mayor transparencia y calidad en la producción y publicación de encuestas. Según Rubiano, se trata de una herramienta que puede contribuir a que el electorado cuente con datos más precisos y verificables al momento de tomar decisiones en las urnas.
