El proceso de consulta popular impulsado por el Gobierno Nacional continúa generando reacciones. En esta ocasión, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre una posible campaña anticipada por parte del Ejecutivo, al promover la creación de comités ciudadanos en favor del “sí” a una consulta que aún no ha sido aprobada por el Congreso.
De acuerdo con declaraciones entregadas por Barrios en una entrevista reciente, el procedimiento legal para convocar una consulta popular exige, en primer lugar, la aprobación de las preguntas por parte del Senado de la República. Hasta el momento, ese paso no se ha cumplido. Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado públicamente la conformación de comités por el “sí”, incluidos los promovidos por Juntas de Acción Comunal.
“Las consultas populares tienen un procedimiento, y el primero es que se envíen las preguntas al Senado. Lo que se está haciendo estaría fuera de tiempo y no cumpliría con los procedimientos establecidos por la ley”, señaló la directora de la MOE. Barrios afirmó que iniciar actividades de organización y promoción sobre una consulta que aún no existe legalmente es comparable con “ensillar el caballo antes de tenerlo”.
Barrios también explicó que toda consulta popular debe respetar un tope de financiación, en este caso cercano a los 6.000 millones de pesos, que deben ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral, junto con el registro formal de los grupos promotores. En consecuencia, cualquier gasto o movilización por parte de grupos ciudadanos o el Gobierno previo a la aprobación de las preguntas se consideraría fuera del marco legal.
“La figura de la consulta no existe y no hay nada que promover”, aseguró. Además, sostuvo que cualquier expresión formal en favor del “sí” o el “no”, incluyendo propaganda o uso de recursos públicos, estaría fuera de los tiempos electorales establecidos por la ley.
Consultada sobre el anuncio del Presidente de que las Juntas de Acción Comunal crearían comités por el “sí”, Barrios reiteró que “las manifestaciones de votar o no en este momento no pueden hacerse sobre una consulta que no existe, sobre unas preguntas que no son públicas y un procedimiento que no ha llegado al Senado”.
Barrios también recordó que, si el Senado aprueba las preguntas y se activa oficialmente el proceso, se abrirá un calendario electoral regulado, que incluye la inscripción formal de los grupos promotores, el registro de sus responsables, el origen de los fondos y la vigilancia de sus gastos.
“El Gobierno debe reportar los gastos que hace para promover la iniciativa”, enfatizó. En el caso de que se confirmen acciones organizativas o gastos antes de la existencia legal de la consulta, se estaría ante una campaña anticipada, lo que implicaría una financiación extemporánea, fuera de la ley.
¡Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion.
