La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alertas por la inscripción masiva de cédulas en varios municipios del país, en un contexto que la organización considera anómalo de cara a las elecciones del 2026.
Alejandra Barrios, directora de la entidad, entregó detalles del análisis técnico que adelanta su equipo tras cumplirse los primeros tres meses del proceso de inscripción.
Durante una entrevista reciente, Barrios señaló que se han identificado comportamientos atípicos en municipios como Puerto Gaitán, Acacías y Guamal (Meta); Ocaña (Norte de Santander); y algunas zonas del Vichada, donde los niveles de inscripción superan ampliamente el promedio nacional. “Tienen un nivel de inscripción de cédulas muy superior al comportamiento nacional”, afirmó.
La directora indicó que mientras el promedio nacional se sitúa en cerca de 51.000 inscripciones, hay sectores donde la cifra es considerablemente mayor, lo que ha motivado un análisis más detallado de la situación local, incluyendo la revisión de los puestos de votación, urbanos y rurales, para precisar las causas del fenómeno.
La MOE también vinculó el crecimiento de registros con la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones. Casos como el de Ocaña podrían estar relacionados con desplazamientos forzados ocurridos a comienzos del año, aunque Barrios aclaró que estos factores deben ser investigados en profundidad.
En departamentos como Córdoba, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander, la organización encontró un patrón común: alta inscripción de cédulas y presencia de estructuras armadas ilegales. Ante esta situación, Barrios explicó que la MOE realiza un trabajo de campo para determinar si las inscripciones obedecen a movilidad electoral legítima o si se está configurando un posible caso de trashumancia.
Otro aspecto que llamó la atención de la MOE es la existencia de 53 municipios del país donde no se ha registrado ninguna inscripción de cédulas. La entidad considera que este comportamiento también debe ser examinado, ya que podría reflejar problemas de acceso, falta de garantías o desinterés por el proceso electoral.
En relación con las condiciones de seguridad para las elecciones, Barrios afirmó que, si bien hay regiones bajo influencia de actores armados ilegales, actualmente no hay elementos que justifiquen la suspensión de los comicios. “En Colombia se hacen elecciones incluso en condiciones difíciles. Si hay problemas de seguridad, se trasladan los puestos de votación a cabeceras municipales seguras”, dijo.
Barrios también se refirió al proceso de licitación para la logística electoral, cuyo valor supera los 2 billones de pesos y que ha sido blanco de cuestionamientos por parte del Gobierno. Aseguró que la MOE ha hecho seguimiento a este proceso desde su apertura, y que hasta ahora se han presentado alrededor de 10 empresas, incluidas dos extranjeras. “El proceso ha sido público desde el inicio. Esperamos que esta semana la Registraduría anuncie la adjudicación”, concluyó.
La Misión reiteró su intención de mantener una vigilancia constante sobre cada etapa del calendario electoral, incluyendo los aspectos logísticos y de seguridad, así como la integridad del proceso de inscripción y la identificación de prácticas que puedan poner en riesgo la transparencia de las elecciones de 2026.
