La representante a la Cámara Katherine Miranda expuso una serie de cuestionamientos que sustentan la moción de censura presentada contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los operativos militares adelantados en Guaviare y Amazonas, en los que murieron menores de edad.
La congresista señaló que las versiones entregadas por el Gobierno sobre estos hechos presentan variaciones que, a su juicio, deben ser revisadas por el Congreso para establecer responsabilidades políticas.
Miranda explicó en declaraciones recientes que el primer caso corresponde al operativo del 10 de noviembre contra un campamento atribuido a alias “Pescado”. Según su reconstrucción, ese día el Gobierno informó que se trataba de una acción ofensiva previamente planificada y basada en labores de inteligencia.
Sin embargo, tras conocerse que siete menores murieron en el bombardeo, el presidente afirmó el 15 de noviembre que no tenía conocimiento de la presencia de menores en el lugar. Para la representante, esta variación resulta relevante para determinar la naturaleza de la operación y su adecuación al derecho internacional humanitario.
La congresista argumentó que, según su análisis, en este caso podrían estar comprometidos cuatro principios del derecho internacional humanitario: distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución. Insistió en que estos elementos requieren ser verificados para establecer si se actuó conforme a los estándares exigidos en operaciones militares con posible presencia de civiles.
Miranda también mencionó un segundo operativo realizado el 1 de octubre en Amazonas, en el que las autoridades informaron inicialmente que habían sido abatidos cuatro integrantes de las disidencias de Iván Mordisco. Según la representante, esos cuatro fallecidos resultaron ser menores de edad, lo que, en su criterio, evidencia la necesidad de revisar los procedimientos y la información divulgada por el Ejecutivo en este tipo de acciones.
La congresista precisó que la moción de censura no está dirigida contra la Fuerza Pública, sino exclusivamente a determinar la responsabilidad política del ministro de Defensa y del Gobierno. Señaló que su objetivo es aclarar si las decisiones adoptadas se ajustaron a las obligaciones estatales y si las comunicaciones oficiales reflejaron con exactitud lo ocurrido en ambos bombardeos.
En su intervención, Miranda también presentó cifras sobre el reclutamiento de menores en el país. Indicó que, mientras en 2022 la Defensoría del Pueblo registró 30 casos, para 2024 la cifra superó los 600. Afirmó que este incremento debe ser examinado para establecer el impacto de las políticas gubernamentales en la protección de la niñez.
La moción de censura se lleva a cabo este miércoles en la Cámara de Representantes, donde se evalúa la información disponible sobre los operativos y las respuestas entregadas por el Ministerio de Defensa. El proceso busca determinar si existen fundamentos suficientes para retirar la confianza política al titular de la cartera.
