El gobierno nacional solicitó a la Corte Constitucional una audiencia pública para abordar las más de 40 demandas contra la reforma pensional y extendió un llamado a los fondos privados para sumarse a un «Acuerdo Nacional» que viabilice su implementación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, propuso este pacto durante su intervención en el Congreso de Asofondos en Cartagena, asegurando que la participación de los fondos privados es clave para la transición del sistema. Según el funcionario, estos podrán operar como administradores de portafolios del Banco de la República y como gestores del ahorro voluntario de los afiliados.
Sanguino afirmó que no hubo vicios de trámite en la aprobación de la reforma y que su entrada en vigencia el 1 de julio se mantiene dentro del cronograma previsto. «Este es un ejemplo de un Acuerdo Nacional en el mundo de las pensiones. Los fondos privados tienen la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a implementar esta reforma de manera efectiva», señaló.
El planteamiento del Ministro contrasta con la postura que mantuvo el Gobierno durante el debate legislativo de la reforma. Mientras tanto, los fondos privados de pensiones han reiterado su preocupación por la incertidumbre jurídica y la falta de definiciones clave.
Juan David Correa, presidente de la junta directiva de Asofondos, advirtió que a menos de tres meses de la entrada en vigencia del nuevo sistema, el Gobierno aún no ha emitido los decretos reglamentarios que definirán el funcionamiento del esquema.
Además, los fondos privados han venido realizando inversiones significativas para adecuarse a las nuevas reglas. En el caso de Porvenir, estas superan los 10 millones de dólares. «Tenemos la necesidad urgente de conocer prontamente la decisión y consideraciones de la Corte Constitucional relacionadas con la exequibilidad de la reforma pensional», afirmó Correa.
El Gobierno proyecta que, en su primer año de implementación, la reforma pensional elevará la cobertura del 24 % al 53,7 %. Sin embargo, la incertidumbre en torno al fallo de la Corte y la falta de reglamentación continúan generando inquietudes en el sector.
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