El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, intervino en el proceso judicial que avanza en el Consejo de Estado sobre la transmisión televisada de los Consejos de Ministros del gobierno de Gustavo Petro. Palma presentó un oficio en calidad de «tercero interesado» para respaldar la decisión presidencial de emitir estas reuniones en medios públicos y privados, argumentando que constituyen un mecanismo legítimo de acceso a la información y fortalecimiento de la democracia.
La tutela en cuestión fue presentada por la abogada María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien sostiene que dichas transmisiones vulneran el derecho a la libertad de información y la posibilidad de elegir libremente los contenidos televisivos. Cuéllar Cárdenas argumenta que la emisión en horario estelar impone una única narrativa sobre temas de interés público, afectando el derecho de los ciudadanos a decidir qué información consumir.
El ministro Palma destacó la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, que establece que el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, es el símbolo de la unidad nacional y tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre los asuntos del país. Según Palma, la difusión de los Consejos de Ministros permite que los ciudadanos accedan de primera mano a las decisiones gubernamentales, garantizando la transparencia y la participación democrática.
Otro de los argumentos expuestos por el Ministro se basa en el carácter público del espectro electromagnético, el cual, según la Constitución, no puede ser apropiado por agentes privados y debe garantizarse su acceso para el cumplimiento de los fines del Estado. En este sentido, el jefe de la Cartera sostiene que las transmisiones televisivas del gobierno no solo son legítimas, sino que contribuyen a la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.
Asimismo, el Ministro subrayó que estas emisiones permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a la participación más allá de los mecanismos tradicionales. «Es contradictorio que se use una acción de tutela para restringir el acceso de la población a información gubernamental», afirmó Palma en su documento, agregando que las transmisiones fortalecen la gobernabilidad al involucrar a la sociedad en el debate público.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la continuidad de las transmisiones, asegurando que representan una herramienta clave para la transparencia de su administración. No obstante, ante las críticas y la controversia generada, Petro anunció que ajustará la frecuencia de estas emisiones, reservando los espacios en cadena nacional solo para asuntos de gran relevancia, mientras que los consejos de menor impacto se transmitirán únicamente por el canal público.
El Consejo de Estado deberá ahora evaluar los argumentos presentados y determinar si las transmisiones vulneran derechos fundamentales o si, por el contrario, constituyen un ejercicio legítimo de comunicación gubernamental en un sistema democrático.
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