El ministro de Trabajo advirtió que contempló la posibilidad de promover una Asamblea Constituyente como alternativa frente a las dificultades que enfrentó la reforma laboral en el Congreso de la República.
La posición fue mencionada por Antonio Sanguino, quien insistió en que el país continuaba sin cumplir una obligación constitucional pendiente desde 1991, que correspondía a la expedición del Estatuto del Trabajo.
Durante su participación en un evento de carácter político, el jefe de la cartera laboral sostuvo que la ausencia de una norma integral que desarrollara los principios laborales establecidos en la Constitución había tenido efectos directos sobre las condiciones de empleo en el país.
Según explicó, la falta de este estatuto contribuyó al aumento de la informalidad, la inestabilidad laboral y la pérdida progresiva de garantías para millones de trabajadores.
Sanguino señaló que el Gobierno había definido el Estatuto del Trabajo como una prioridad política inaplazable dentro de su agenda legislativa; en ese sentido, explicó que el Ejecutivo buscó impulsar una reforma legal que permitiera actualizar y unificar los derechos laborales, pero reconoció que la iniciativa encontró resistencias significativas en el Congreso.
Ante ese panorama, el Ministro indicó que el Ejecutivo no descartó acudir a mecanismos alternativos para garantizar cambios estructurales en materia laboral; entre ellos, mencionó la posibilidad de avanzar hacia una Asamblea Constituyente, opción que comenzó a ganar espacio dentro del debate político promovido por el Gobierno Petro.
El funcionario precisó que la propuesta relacionada con este mecanismo sería presentada el 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo periodo legislativo.
De acuerdo con lo expuesto, el proyecto podría ser radicado ante el Congreso de la República como una iniciativa de ley o, eventualmente, contar con el respaldo ciudadano a través de los procedimientos previstos en la normativa vigente.
En sus declaraciones, Sanguino dejó claro que, para el Gobierno, el debate laboral había entrado en una etapa decisiva. Afirmó que la administración no estaba dispuesta a renunciar a la reforma y que, si el Congreso no aprobaba los cambios propuestos, el país tendría que abrir una discusión más amplia sobre el marco constitucional que regulaba las relaciones laborales.
El Estatuto del Trabajo, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, buscó garantizar principios fundamentales como la estabilidad en el empleo, la protección del salario, la primacía de la realidad sobre las formalidades y la ampliación de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, más de tres décadas después de su promulgación, estos lineamientos no se habían traducido en una legislación integral.
