El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en rueda de prensa anunció los alcances y objetivos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, con el que se busca recuperar parte de los ingresos que dejaron de percibirse tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
Según indicó el funcionario, la medida apunta a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas mediante mecanismos tributarios que garanticen sostenibilidad en el corto y mediano plazo.
Ávila señaló que el propósito central del decreto es respaldar el funcionamiento del aparato estatal a través de ingresos tributarios adicionales, bajo el criterio de crecimiento económico como vía para atender las nuevas exigencias presupuestales del Estado. En ese contexto, confirmó que las medidas concretas están estructuradas sobre cuatro bases fundamentales.
Una de las principales líneas del paquete está relacionada con los impuestos sobre renta y patrimonio. El ministro explicó que se decidió modificar la estructura del impuesto al patrimonio, al considerar que el esquema vigente tenía un bajo nivel de progresividad. Hasta ahora, este tributo se aplicaba a patrimonios superiores a 70.000 Unidades de Valor Tributario, equivalentes a cerca de 3.600 millones de pesos, con tarifas que oscilaban entre el 0,5 % y el 2 %.
Con el nuevo decreto, la base gravable se reduce a un patrimonio equivalente a 2.000 millones de pesos y se establece una tarifa progresiva que puede llegar hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. De acuerdo con el ministro, esta modificación impactará a cerca de 102.000 contribuyentes, lo que representa aproximadamente el 0,8 % de la base tributaria del país. El recaudo estimado por esta medida es de 1,7 billones de pesos.
Ávila insistió en que el ajuste responde a un criterio de progresividad, en el que las personas con mayores niveles de riqueza aportan un mayor volumen de recursos para financiar las necesidades del Estado. En esa misma línea, anunció un incremento en la tributación del sector financiero, al considerar que este ha registrado altos niveles de rentabilidad en los últimos años.
Actualmente, el sector financiero cuenta con una sobretasa del impuesto de renta del 5 %, la cual será incrementada al 15 %. El jefe de la Cartera aclaró que, aunque la tarifa nominal del sector alcanza el 50 %, la tarifa efectiva se sitúa alrededor del 19 %, debido a exenciones aplicables a operaciones como las relacionadas con vivienda de interés social. Con el ajuste propuesto, la tarifa efectiva se elevaría aproximadamente al 24 %, acercándola a la de otros sectores productivos como el manufacturero y el agropecuario.
Otra de las medidas anunciadas corresponde a la normalización de patrimonios no declarados, que mantendrán una tarifa del 19 %. Este mecanismo, que ya había sido aplicado en 2019, 2020 y 2022, se incorpora nuevamente al paquete, con el objetivo de ampliar la base gravable. En conjunto, las medidas relacionadas con patrimonio permitirían recaudar alrededor de 3,6 billones de pesos.
En materia de impuesto al valor agregado (IVA), el funcionario informó que se mantendrá una tarifa del 19 % para los juegos de suerte y azar, aplicable sobre una base gravable que descuenta el valor de los premios entregados. Asimismo, se incrementará el IVA a los licores, que actualmente se encuentra en el 5%, hasta llevarlo al 19% para productos como aguardiente, ron, whisky y brandy. La cerveza fue excluida de este ajuste, debido a su nivel de consumo social.
Adicionalmente, se anunció un aumento en el impuesto al consumo de licores y tabaco, bajo el enfoque de impuestos saludables orientados a desestimular el consumo de productos con impacto en la salud pública. También se incrementará del 16% al 19% el impuesto al consumo de bienes de lujo y se reducirá la exclusión del IVA para pequeñas importaciones realizadas a través de plataformas digitales, fijando el límite en 50 dólares.
El paquete incluye igualmente un impuesto especial al sector de extracción de petróleo, crudo y carbón en la primera venta o exportación, así como la eliminación de la deducibilidad de las regalías en el cálculo del impuesto de renta para estas compañías. Estas medidas permitirían recaudar cerca de 3,2 billones de pesos adicionales. A esto se suman acciones de fortalecimiento de la DIAN y alivios tributarios, con los que se espera obtener 2,5 billones más, para un recaudo total estimado de 11,1 billones de pesos.
Finalmente, señaló que el Gobierno también estudia decretos de reducción del gasto, ajustes en beneficios al Congreso y un proyecto para la repatriación de inversiones de fondos de pensiones en el exterior, con el fin de financiar proyectos estratégicos de infraestructura y reducir la presión sobre el presupuesto nacional.
