Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara tienen previsto reunirse este martes para retomar el análisis del proyecto con el que el Gobierno busca corregir los vicios de trámite detectados por la Corte Constitucional en la creación del Ministerio de Igualdad.
El alto tribunal había advertido fallas durante el proceso legislativo que dio origen a la cartera y ordenó al Ejecutivo subsanar esos errores dentro de un plazo definido, lo que llevó a presentar nuevamente la iniciativa ante el Congreso.
El Ministerio de Interior, bajo la dirección de Juan Carlos Florián y con el apoyo del ministro Armando Benedetti, quien ha sostenido conversaciones con distintas bancadas para asegurar que ese Ministerio no se tenga de disolver, mientras sectores de oposición anunciaron que insistirán en que el proyecto no continúe.
En el Senado, los ponentes designados provienen de partidos como Pacto Histórico, Alianza Verde, La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador y Comunes. En la Cámara, los encargados del estudio incluyen representantes de las mismas colectividades, además de miembros de Dignidad y Compromiso y de las curules de paz.
El Gobierno sostiene que existe un informe positivo y que la permanencia del Ministerio permitiría avanzar en programas enfocados en distintos grupos poblacionales. La oposición, en cambio, presentó un documento que propone archivar el proyecto al señalar problemas administrativos y falta de resultados.
Entre los temas que han generado cuestionamientos se encuentra el intento de nombrar a Juliana Guerrero, de 22 años, como viceministra de Juventud, un proceso que no avanzó ante dificultades relacionadas con sus requisitos académicos.
Otro punto de discusión es la ejecución presupuestal. Según cifras conocidas en octubre, la cartera había utilizado cerca del 1,9% de un presupuesto estimado en 1,2 billones de pesos, con un monto de funcionamiento superior al de inversión. En medio de las restricciones fiscales previstas para 2026, la baja ejecución se ha convertido en uno de los argumentos utilizados para oponerse a la continuidad de la entidad.
El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, publicó una ponencia en la que solicita archivar el proyecto. Su posición se difundió en redes sociales, donde señaló que en las últimas jornadas del periodo legislativo suelen impulsarse iniciativas sin suficiente debate.

También cuestionó el funcionamiento del Ministerio y los incrementos en las contrataciones por órdenes de prestación de servicios, que pasaron de 69,5 millones en 2024 a más de 9.000 millones en 2025, según un informe entregado a las comisiones.

Ese documento también expone que gran parte del presupuesto del Ministerio ha sido transferido al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, una fiducia creada en 2023. Los reportes de supervisión indican que el Fondo ha concentrado su gestión en la vinculación de personal y suscripción de convenios, sin registrar avances significativos en proyectos destinados a reducir inequidades. Entre 2023 y 2025, las transferencias al Fondo representaron más del 80% de los recursos disponibles para la cartera.
A esas observaciones se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien reiteró su rechazo al Ministerio y cuestionó su utilidad dentro de la estructura estatal. En su pronunciamiento recordó que la Corte Constitucional anuló la ley que dio origen a la entidad al no cumplir con el análisis fiscal requerido, razón por la cual el Gobierno tuvo que presentar nuevamente el proyecto.

La senadora indicó que su bancada presentará argumentos para negar la iniciativa durante la sesión de las comisiones primeras, programada para este martes. En la agenda aparece la discusión del Proyecto de Ley 302 de 2025 en el Senado y 020 de 2025 en la Cámara, mediante el cual se pretende restablecer la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Mientras avanza el trámite, el actual ministro Juan Carlos Florián defendió la gestión de la entidad y afirmó que desde su llegada la ejecución presupuestal ha aumentado a más del 40%. Según sus declaraciones, el proceso de consolidación institucional continúa y busca fortalecer programas orientados a poblaciones vulnerables.









